La Unión Europea (UE) adoptó hoy en su cumbre de Bruselas el «Pacto europeo de Inmigración y Asilo» presentado por la presidencia francesa del bloque, basado en una selección según las necesidades laborales de cada país y que pone fin a las regularizaciones masivas.
«El Pacto ha sido adoptado en forma unánime», anunció al final de la cumbre el presidente francés Nicolas Sarkozy, impulsor de esta controvertida iniciativa suavizada bajo la presión del gobierno socialista español de José Luis Rodríguez Zapatero.
Precisamente Rodríguez Zapatero saludó hoy la aprobación del Pacto, que «después de muchos años representa un marco definitivo común de política migratoria» a partir de los principios de «legalidad y solidaridad» dentro de la UE y «cooperación» con los países de donde proviene la inmigración.
«El Consejo Europeo adoptó el Pacto europeo de Inmigración y Asilo, que refleja el compromiso de la Unión Europea y sus Estados miembros de llevar a cabo una política justa, eficaz y coherente frente a los desafíos y las oportunidades que representan las migraciones», indican las conclusiones adoptadas por los líderes de la UE hoy.
«El Pacto constituye ahora para la Unión y sus Estados miembros la base de una política común (…), guiada por un espíritu de solidaridad entre Estados miembros y cooperación con los países terceros», agrega el texto, acordado en julio pasado por los 27, pero recién oficializado durante esta cumbre por decisión de Francia, que había hecho del tema una de sus grandes prioridades.
El Pacto incluye una serie de «principios fundamentales» a respetar por los 27 Estados miembros, para evitar «afectar los intereses de los demás» y cooperar en la lucha contra la inmigración clandestina.
Según el Pacto, los países de la UE siguen siendo libres para organizar la inmigración legal «en función de sus prioridades, sus necesidades y sus capacidades de recepción nacionales».
En ese sentido, la Comisión Europea concibió la idea de una «Tarjeta Azul» para atraer a los diplomados extranjeros más calificados. Este documento permitirá a su titular y su familia trabajar y residir en el Estado que se lo otorga.
Por otra parte, los europeos también seguirán siendo libres para elegir los medios de luchar contra los clandestinos, unos 8 millones en el conjunto de la UE.
En ese marco, cada país puede elegir regularizarlos o expulsarlos, aunque para ello deberán utilizar un procedimiento «caso por caso» y no en forma generalizada.
Las expulsiones deberán hacerse de preferencia sobre una base voluntaria, respetando el derecho y la dignidad de las personas concernidas.
En caso de resistencia, la polémica «Directiva Retorno», aprobada por el Europarlamento con mayoría de votos de la derecha y la izquierda y objeto de duras críticas desde América Latina, establece las pautas para proceder a esas expulsiones forzadas.
En cambio, Francia debió abandonar su idea de un contrato de integración que imponía al migrante la obligación de aprender la lengua nacional de su país de destino así como los valores europeos.