Si bien el rechazo judicial esta semana al pedido de prohibición del partido en el poder en Turquía logró evitar una grave crisis política, el país de mayoría musulmana no enterró en cambio el debate entre islamistas y laicistas, crucial de cara a su eventual futuro europeo.
El fallo del Tribunal Constitucional desactivó una situación de extrema tensión en este socio estratégico de Occidente, sacudido el domingo pasado por un doble atentado en Estambul que dejó un saldo de 17 muertos.
El pedido de prohibición del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), que tiene sus raíces en el movimiento islamista y al que se acusa de ser «un foco de actividades antilaicas», fue rechazado por un solo voto de diferencia, lo que demuestra la división que provoca el tema.
En efecto, seis de los 11 jueces del Tribunal se pronunciaron a favor de la disolución de esa formación, una cifra que rozó el mínimo de siete magistrados requeridos.
Lo ajustado del voto, que reconoció en parte los argumentos que sustentaban las acusaciones, significó de todos modos una clara advertencia para el AKP, en el gobierno en Turquía desde 2002 y privado a partir de ahora de un porcentaje de su financiación pública prevista para este año.
Si bien el primer ministro Recep Tayyip Erdogan reafirmó el apego del AKP a los «valores de la República», entre ellos el laicismo, ha sido su voluntad de legalizar el uso del velo islámico en las universidades uno de los motivos de mayor polémica.
Por ello, para el bando laico, cuyo estandarte es el ejército, el debate aún no está cerrado.
El día siguiente al fallo, la mayoría de la prensa instó al AKP a hacer «autocrítica», recordando la necesidad de respetar el dogma de un Estado laico del fundador de la Turquía moderna, Mustafá Kemal Ataturk.
El tema también era seguido con mucha preocupación por parte de la Unión Europea, que lleva adelante desde octubre de 2005 unas difíciles negociaciones de adhesión con este país de inmensa mayoría musulmana que para varios miembros de la UE no debería ingresar en el bloque.
El secretario de Estado francés para Asuntos Europeos, Jean-Pierre Jouyet, cuyo país ejerce la presidencia semestral de la UE y se opone notoriamente a la integración de Ankara, indicó el miércoles que el fallo de la justicia turca constituía un «alivio» para Europa, que temía consecuencias catastróficas en caso de prohibición del AKP.
De su lado, el comisario europeo de Ampliación, Olli Rehn, alentó al gobierno de Erdogan a «reanudar con toda su energía las reformas para modernizar el país», exigidas por la UE para que Turquía se convierta quizás algún día en miembro del bloque.
Sin embargo, esa perspectiva parece por ahora muy lejana. Los más optimistas hablan incluso de por lo menos diez o quince años de negociaciones antes de que se tome una decisión al respecto.
Es que hasta el momento sólo ocho de los 35 capítulos temáticos del proceso de adhesión han sido abiertos desde 2005. De esos ocho, apenas uno ha quedado concluido.
De todos modos, esa lentitud no es lo peor. El gran problema es que además 18 capítulos están congelados de facto, entre ellos ocho a raíz del no reconocimiento de Chipre por Ankara y cinco por Francia, lo que significa la parálisis efectiva de la mitad del proceso.