Aquí­ en Guatemala, los genios de la publicidad casi siempre aciertan, pero en otros casos fallan, como el caso de «Tu Muni», en donde algunos responden inmediatamente «Â¡la tuya!», o en donde dicen «Tú eres la ciudad» y algunos malévolos también contestan «será la tuya», con lo cual se pierden afectos y se hacen reclamos, unos porque ante tanto desmadre citadino, ante tanta violencia, ante tanta ineficiencia y ante tanta impunidad y corrupción, reniegan de las instituciones primero y después de una pobre ciudad que no tiene la culpa de lo que sus habitantes y funcionarios hacen, y otros, organizan manifestaciones para protestar por sus precarias viviendas por la falta de agua, por la falta de drenajes y deslizan el argumento de que si «yo soy la ciudad, porqué, mi muni no hace algo por mejorarla», como escuché en la TV a una señora de un asentamiento. ¡Ah! la sabidurí­a popular.

Pero volviendo a la última genialidad del multisupermillonario programa de «Mi familia progresa» (la tuya), es extraño que quienes dirigen esta obra para «servir a los pobres», no den a conocer quiénes son esos beneficiados, según ordenó la Corte de Constitucionalidad y mantienen todos los programas de la «Cohesión Social» (otro nombrecito para jugarlo a la mosca), en absoluto secreto de Estado y con el dicho de que «es para proteger a los que reciben Q300 mensuales porque podrí­an ser ví­ctimas de un secuestro o una extorsión».¡ ¡Ah puchis! esto sí­ que estuvo bueno, quiere decir que estas familias, que obviamente deben ser muy pobres para recibir ese subsidio, pueden ser ví­ctimas de un secuestro por tener en sus manos mensualmente esa fabulosa cantidad que les permitirá comprar una casa en el mejor condominio de las zonas 10, 15, 14 o por la carretera de don Guayo Villatoro.

Malpensado que es uno, habemos muchos que creemos que, efectivamente, tan cierto como que hoy es jueves 12 de marzo y vivimos en Guatemala, algunas privilegiadas familias de funcionarios públicos y sus contrapartes, organizaciones no gubernamentales, como la que compra todo lo que necesitan los programas de Cohesión Social o contratistas y distinguidos miembros del sector privado empresarial si han progresado enormemente. Y al hablar de familia, no me refiero solo a la consanguí­nea, sino también a la que está dentro de los grados de afinidad como cuñados, suegros, suegras, etcétera.

Es decir, estamos claros que efectivamente con este gobierno mi familia progresa no es un mito, sino una realidad viviente, particularmente entre los allegados a tata presidente, a tata diputado, a tata alcalde, a tata concejal, a tata director, a tata ministro y tantos tatas que tenemos en esta pródiga Guatemala que forma tatas y también hijos…

El dilema fundamental es que los diputados obedecen las órdenes de reestructurar el presupuesto para repartir muchos millones mas a la cohesión social y no hay una sola institución que encuentre la manera de penetrar en los secretos oscuros que allí­ se esconden, lo cual es inexplicable a todas luces en la Contralorí­a General de Cuentas cuya misión es fiscalizar como se invierten los FONDOS PíšBLICOS, y este y otros programas, como los de Covial, son mantenidos y costeados con nuestro pisto para que, precisamente, otras familias progresen aún más en tanto el Contralor encuentre absurdas justificaciones para no entrarle a las ONGS, ya no digamos a las instituciones públicas, pues no va a fiscalizarlas a ellas, sino a los Fondos que manejan que son plata de los chapines grandes, medianos y pequeños…

Pero por si al Contralor se le ha olvidado le cito parte del Artí­culo 232 de la Constitución en donde se establece que la Contralorí­a tiene funciones fiscalizadoras «de los ingresos y egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así­ como de cualquier persona que reciba fondos del Estado…» También están sujetas a fiscalización-dice la ley suprema del Estado-, los contratistas de obras públicas y toda persona (se entiende que individual o jurí­dica) que, por delegación del Estado invierta o administre fondos públicos. Más claro ni el agua, y no cito otras normas, porque si nuestra ley suprema así­ lo determina, no hay peros que valgan y se le puede entrar a las ONGS, fideicomisos municipalidades y juan pérez si este maneja fondos públicos. ¿No es cierto vos Chino Destarac? ¿No es cierto Cedecon? ¿No es cierto Corte de Constitucionalidad?…Bueno, entonces…a»i nos vemos, que jodidos ya estamos….