Las últimas campañas electorales han sido adelantadas, a tal manera que ni bien termina el proceso de elección, y ya empiezan los partidos políticos a realizar acciones de posicionamiento de sus candidatos, desde la alcaldía, diputaciones y claro líderes nacionales que buscan llegar a la Presidencia de la República. Pero los partidos, en lugar de generar estrategias claras y cívicas para mejorar la educación política de los ciudadanos, optan por corromper la voluntad del electorado, inundándolos de mensajes de salvación de la situación nacional, así como pintar cuanto árbol, pared o piedra encuentran en cada camino.
Y esa situación desencadena una serie de consecuencias que van desde el costo de la campaña política-electoral, que han sido señaladas de astronómicas, hasta el aburrimiento del electorado de escuchar a los candidatos explicar un tanto su propuesta electoral, sometiendo a los ciudadanos a canciones, pancartas, manifestaciones y otros que lo único que establece es que desean “robarse la salida”, sobre un plazo legal creado en la ley constitucional de la materia, que claramente indica que hasta que el TSE no declare iniciado el proceso electoral, no es posible hacer la campaña política.
Durante varias elecciones, Guatemala ha sido testigo de las campañas electorales anticipadas, que más que alcanzar un proceso evolutivo democrático de fortalecimiento de los partidos políticos, lo que hace es polarizar a la sociedad votante, y en especial genera campañas negras difamatorias y aburrimiento del mensaje de oferta electoral. Así, promesas y soluciones ideales se lanzan al aire, muchas veces sin una ideología formal sustentada en estudios políticos y de Estado, menos con la verdadera intencionalidad de cumplir esos sueños que suenan tan bonito durante la etapa previa, pero que carecen de debate, sustento o credibilidad de parte de una comunidad pensante de la sociedad.
El TSE entonces, marca una etapa extraordinaria en ese resurgir del orden democrático que se requiere para un proceso tan importante como lo es el eleccionario. Tanto se ha dicho de reformar la ley de la materia o inclusive de una reforma al sistema político en su totalidad, pero son estas acciones legales, claras y lógicas realizadas por entidades con autoridad política, la que pueden significar un verdadero cambio a los paradigmas negativos que tenemos en nuestra sociedad. Finalmente se vislumbra una real autoridad electoral en este Tribunal Supremo Electoral.
Los partidos políticos entonces, deben subirse al barco de esta nueva etapa democrática y aceptar la sanción impuesta, luego de las múltiples advertencias y multas que se les dieran, así como contribuir a que el proceso democrático de elecciones se lleve a cabo en paz. Los intentos de realizar acciones legales ante tribunales del orden constitucional deben ser razonadas y comprendidas, como que causaría malestar a sus propios futuros electores.
Lo que no se puede esperar es el involucramiento de tribunales constitucionales decidiendo sobre la materia electoral, pues determinaría que la justicia no comparte los ideales democráticos de la valoración del Estado, incluyendo su sociedad.
Esta resolución puede ser el inicio de un proceso de cambio de fondo. Apoyemos las acciones del TSE, no sólo lo requieren, sino también lo necesitan.