Como equivocadas fueron calificadas esta mañana las declaraciones del magistrado íngel Alfredo Figueroa, quien dijo a un rotativo que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no podí­a sancionar a funcionarios públicos que utilizaran recursos del Estado para favorecer al partido oficial, sin que previamente existiera una denuncia en el Ministerio Público (MP).

En ese sentido, se refirió su antecesor, Mario Roberto Guerra Roldán, quien dijo a este vespertino que el TSE puede actuar de oficio y que el texto constitucional es claro en lo relativo a las prohibiciones del uso de los recursos del Estado con fines propagandí­sticos y a la utilización de horas de trabajo con ese mismo propósito.

El tribunal tiene los instrumentos administrativos necesarios para ello, está obligado llevar a cabo investigaciones de oficio, afirma Guerra, tras ser abordado sobre la debilidad que en ese sentido se le atribuye a la actual administración y que con declaraciones como la vertida por el magistrado Figueroa, desalienta a quienes abogan por la transparencia de las elecciones.

Existen precedentes importantes de la fiscalización de parte del TSE sobre el particular, como el cierre del telenoticiero gubernamental «Avances», cuya clausura ordenó el máximo tribunal en materia electoral, después que el entonces secretario de Comunicación Social, Ricardo De la Torre, desacatara la amonestación de abstenerse de favorecer al partido oficial, recordó.

Para corroborar las declaraciones atribuidas al magistrado Figueroa en tal sentido, que claramente se interpretan que el tribunal no investigara de oficio la violación de las normas constitucionales 182 y 223, relativo al uso de los recursos del Estado, este vespertino se comunicó a su teléfono móvil, pero dijo que en ese momento estaba ocupado y que no podí­a atender.

Consultado Guerra, sobre la intención del partido oficial de elaborar un reglamento, con el propósito «que los funcionarios se enteren que no pueden utilizar los recursos del Estado para actividades polí­ticas», según declaraciones atribuidas a su secretario general, Alfredo Vila, el ex magistrado dijo que ese reglamento no debe ser redundante a las provisiones ya normadas.

Además, de acuerdo a la Ley del Organismo Judicial, Artí­culo 3, ninguna persona puede alegar ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario, ante la ley.

Poner en recuadros Prohibiciones constitucionales

El Artí­culo 182 de la Constitución Polí­tica, establece que «El Presidente de la República juntamente con el Vicepresidente, los ministros, viceministros y demás funcionarios dependientes integran el Organismo Ejecutivo y tienen vedado favorecer a partido polí­tico alguno».

El Artí­culo 223, establece que «Una vez hecha la convocatoria a elecciones, queda prohibido al Presidente de la República, a los funcionarios del Organismo Ejecutivo, a los alcaldes y a los funcionarios municipales hacer propaganda respecto de las obras y actividades realizadas».

Cada mico en su columpio

Respecto a la idea del Ejecutivo de aprovechar la segunda vuelta electoral, en el marco de las elecciones generales 2007, para someter a procedimiento consultivo el tema de Belice, Guerra dijo que le parecí­a inconveniente, inoportuno e impolí­tico. Aquí­ cabe la expresión popular de que cada «mico debe estar en su columpio», señaló.

Estima él, que preguntarle a la población si está de acuerdo que el diferendo con Belice sea resuelto mediante un arbitraje o a través de una corte internacional, debe previamente motivarse a la localidad. Plantear la interrogante durante la segunda vuelta puede, por un lado, ocasionar confusión, y por otro, entorpecer el trabajo del TSE.

Peor aún, llevar a la práctica la idea del Ejecutivo, puede prestarse a que el partido oficial se aproveche para favorecer a sus candidatos a puestos de elección popular, señaló por último el ex magistrado. Este vespertino, trató de abordar también a los magistrados sobre este tema, pero no fue posible, porque hasta el cierre de nuestra edición, se encontraban en una sesión de trabajo.