No me sorprende, pero sí me preocupa mucho el irrespeto del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a la libertad de Prensa y el derecho ciudadano a la información, que quedaron en evidencia en las últimas actuaciones de los magistrados que dirigen esa institución.

Y creo que a todos debería preocuparnos que en la entidad  encargada de organizar las elecciones “democráticas” actúe de una manera deliberadamente totalitaria, y que a los magistrados les importe un comino la publicidad de sus actuaciones y la transparencia.

El acto de totalitarismo más llamativo ocurrió hace solo unas semanas, cuando los magistrados dieron la espalda a los periodistas que hicieron preguntas en una conferencia de prensa y evitaron hacer comentarios sobre temas de interés general.

Los magistrados hicieron “oídos sordos” a los cuestionamientos sobre el hecho de que no se haya nombrado un Registrador de Ciudadanos y un Inspector General, cargos esenciales para supervisar a los partidos políticos.

Esa situación solo beneficia a los partidos políticos que violan la Ley, así que el silencio de los magistrados solo se puede interpretar en que no están trabajando para el pueblo que paga sus salarios, sino para los grupos de poder que los eligieron y los colocaron en sus cargos.

Sin embargo, esa actitud solo es el reflejo de una política de puertas cerradas para la fiscalización de los medios y los ciudadanos, en la que no tienen cabida preguntas, cuestionamientos o sugerencias sobre las actuaciones en el TSE.

No menos importante es el señalamiento de un medio de comunicación, que critica al TSE por denegar el acceso a las actas del Pleno, lo que supone una clara violación a las leyes que establecen la publicidad en las actuaciones de funcionarios e instituciones del Estado.

Otro aspecto relevante es el cerco mediático impuesto para entrevistar a los magistrados -ya que solo el Presidente está autorizado para brindar declaraciones a los medios- y las preferencias en el TSE para facilitar información exclusiva a algunos comunicadores.

Faltan todavía cinco años para que se renueve la gestión del Tribunal, pero no podemos esperar tanto tiempo para que haya un cambio en la institución; es necesario reemplazar a los magistrados o que los magistrados cambien su actitud y aseguren que no se repetirán los errores cometidos hasta ahora.

No obstante,  los magistrados, salvo algunas excepciones, ya merecen ser investigados en profundidad por sus actuaciones oscuras, a manera de dilucidar por qué se niegan a dar explicaciones sobre su gestión en el TSE y por qué intentan ocultar las actas de sus sesiones.

Las elecciones generales se aproximan y muchas miradas se dirigirán a Guatemala, pero hasta ahora no hay un solo gesto para confiar en los organizadores de los comicios, sino por el contrario, contribuyen con diversos argumentos para dudar de su idoneidad.

Hasta ahora parece que la Comisión de Postulación y el Congreso eligieron mal a los magistrados del TSE, pero no es justo que los ciudadanos paguemos por eso.