Los ví­nculos entre Trujillo y Torres continúan en donde cartas muestran cómo el primero fungió como asesor jurí­dico de Mi Familia Progresa (Mifapro), siendo el primero en negarse a dar información de las familias beneficiadas cuando se iniciaba a fiscalizar este programa hace casi tres años.

En el año 2008, el actual magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Héctor Efraí­n Trujillo Aldana, fungí­a como asesor jurí­dico de la Secretarí­a  Privada de la Presidencia.

En este cargo, en manos de Trujillo quedaba la decisión si compartir o no información que refiere a las personas que se beneficiaban de las transferencias de Mifapro, programa creado bajo iniciativa de Sandra Torres, en ese entonces Primera Dama de la Nación.

Fue en 2008 cuando la diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, solicitó al asesor jurí­dico de esa institución que le proporcionara información de las personas censadas (número de cédula, dirección, número de hijos, etcétera) que luego serí­an parte de Mifapro, debido a que en ese entonces el hermetismo en esa institución prevalecí­a con el fin de proteger información que a decir de ellos era confidencial.

Con la firma del ahora magistrado de la CC se le negó proporcionar esta información a la diputada.

Los argumentos de Trujillo se basaban a que de conformidad con lo estipulado por el artí­culo 25 de la Ley del Instituto Nacional de Estadí­stica para proporcionar esta información se deberí­a de tener la autorización de los informantes, por lo que se violarí­a el artí­culo 30 de la Constitución Polí­tica de la República.