En torno a la petición de «amnistía para los docentes». Más allá de la repudiable politiquería, del clientelismo electoral y del oportunismo de las circunstancias, la petición de la dirigencia magisterial les hace ver como verdaderos regateadores del evidente y elemental mercado de la calle. Pero vamos por partes. Los años de la represión y del terrorismo de Estado provocaron que alguna vez el movimiento laboral de los servidores públicos enarbolara la dignificación de sus demandas por encima del floreciente nepotismo, el pago de favores por simpatías político partidarias y el tráfico de influencias.
Así llegamos al primer gobierno a partir de la Constitución Política de la República, aún vigente en casi toda su extensión, el régimen de la Democracia Cristiana Guatemalteca, bajo la dirección del licenciado Marco Vinicio Cerezo Arévalo. Pero los espacios fueron exacerbados por un conjunto de requerimientos laborales que cayeron tanto en el absurdo como en la pretensión de justificar a una roída dirigencia que se acostumbró a estar enquistada en el poder que brindaba este espacio legítimo de poder político, pero, lamentablemente distorsionado a partir de un modo de vida que en muchos casos reñía con la dignificación del trabajo y del trabajador.
Era el final de la década de los 80 y en el «mundo desarrollado» imperó, gracias al impulso desde Washington por medio del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, la reducción o minimización del Estado y en consecuencia del aparato burocrático. La dimensión «neoliberal» a tales medidas provocó una nueva oleada de movimientos laborales y sindicales, pero para entonces algunas «garantías» habían sido suprimidas. El derecho a huelga y las decisiones unilaterales fueron restringidos. Precisamente la exacerbación de la dirigencia magisterial hacia 1989 dio pie para la reducción de los derechos otorgados hasta entonces. Los luchadores contra el «neoliberalismo» le daban la razón a aquél y el manipuleo de los espacios de opinión les fueron adversos provocando un rechazo casi total a las demandas «sociales» de dicha jornada.
Entre ese período y la llamada «desincorporación» de los activos del Estado, flamante eufemismo del régimen del ílvaro Arzú (1996-2000), se consolidó la reducción del Estado y el consecuente conjunto de garantías laborales. El absurdo topó a su máximo con el actual régimen al apelar a un nivel de «competitividad» para «otorgar» un «salario mínimo». Y en materia educativa el escenario apuntaba a otras realidades. Ahora las autoridades elogian el «modelo cubano» en cuanto a la evaluación de los docentes, de los educandos y de los contenidos. De hecho los resultados aquí, luego del primer ensayo apuntaron a una cruda realidad. Ni la educación pública, ni la privada (ese negocio llamado colegio, liceo o centro), tienen un mínimo de calidad. Y se apuntó hacia una sola arista. Error.
Y, lamentablemente el señalamiento se hizo en el orden de culpa. Las protestas se airaron y hasta un cacofónico e insultante mediocre fue elevado a la categoría de líder nacional. La obstinación y la obcecación de una autoridad que desde el Despacho se negaba a entender razones más allá del negocio, le terminaron de hacer más grande. La simpatía de uno creció de igual manera a la antipatía de la otra. Y nos llevaron a un callejón sin salida. En donde la acción administrativa puede ser el disfraz locuaz de una pretensión enfermiza. Pero la petición de amnistía también es patológica, pues debilita la ya precaria credibilidad institucional que padece este Estado fallido que llamamos Guatemala. Sin lugar a dudas es una gran lección. Ojalá los inquilinos de la 9ª. avenida no se tropiecen con la misma? otra vez. El aliado de hoy, será el adversario de mañana.