Unos 350 mil dólares costaría la creación del Tribunal especial para casos de mayor riesgo en el Organismo Judicial, el cual empezaría a conocer los casos en los que el país no cuente con condiciones adecuadas de seguridad.
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El monto fue aportado por la cooperación internacional, sin embargo, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) busca que la ejecución de esa donación sea inmediata pues ya existen casos que serían conocidos por esta instancia.
El viernes último fueron publicados en el diario oficial, dos acuerdos de la CSJ sobre los juzgados y tribunales que conocerán casos de mayor riesgo, relacionados con actividades delictivas del crimen organizado.
César Barrientos, presidente de la Cámara Penal, declaró que esa instancia ya cuenta con el monto que la cooperación internacional donó para la creación del tribunal especial; el cual funcionaría en el décimo quinto nivel de la Torre de Tribunales.
«La cantidad está establecida pero estamos viendo la forma para que la ejecución sea inmediata y cómo se reducen los términos, pues según los datos tomaría tres meses para la licitación y tres más para concluir la obra», explicó el magistrado.
Barrientos agregó que buscan que la creación de los mismos se lleve a cabo en el menor tiempo posibles pues ya existe un buen número de casos asignados a proceso de mayor riesgo.
La cantidad que se invertirá en la remodelación y adaptación de las oficinas para una sala de audiencias que llene los requisitos necesarios para conocer estos casos es de 350 mil dólares que fueron donados por el Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo y USAID.
Videoconferencias
El área en la que se adaptará una sala para el tribunal de procesos de mayor riesgo incluirá una locación para videoconferencias.
El acuerdo 31-2009 de la CSJ, publicado el jueves último en el diario oficial, especifica que pueden tener acceso al procedimiento de declaración mediante videoconferencias quienes estén en el extranjero, si existe temor a un atentado contra su vida, haya sufrido intimidaciones, que esté delicada de salud, o bien se necesita que mantenga su identidad bajo confidencialidad.
Lo anterior está especificado también en la Ley de Fortalecimiento a la Persecución Penal, impulsada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, en el país.