La violencia contra la mujer ha sido, en épocas recientes, una constante para países con índices de violencia elevados, como es el caso de Guatemala, lo que ha promovido que existan acciones afirmativas en cuanto a los procesos de protección, juzgamiento y sanción de las personas que cometen estos graves delitos en contra de la mujer, a quien se le considera símbolo de la unión familiar y origen de la vida de los seres humanos.

La violencia es sinónimo de ausencia de Estado, escribía un connotado filósofo hace ya más de 50 años, pero entender que esa ausencia en múltiples oportunidades puede remediarse con estrategia, trabajo e inteligencia es notable.  Y notable es también que las políticas de protección y castigo en materia de femicidio puedan desarrollarse favorablemente.  Este es el caso de los recientes cambios que ha tenido el país en esta materia, iniciando por una norma especializada que castiga con justificada razón, a aquellos casos en los que la mujer en su calidad de víctima, no alcanza a tener una vida en armonía con su sociedad y se le veda el derecho de convivencia, desarrollo y procreación.  Por ello, es refrescante para el país ver las noticias de los nuevos tribunales especializados de femicidio, obra alcanzada sin duda alguna, por la presión que ejerció una mujer al frente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, en coordinación con otra mujer, quien está al mando de la organización de investigación criminal del Estado: el Ministerio Público.

Alcanzar este nivel de especialización en materia de administración de justicia no es agradable de comentar, porque evidencia una necesidad de tenerla por razón de los delitos cometidos, pero ante esta gravedad ya inmersa en la sociedad, la mejor respuesta que el Estado puede darle a sus habitantes es una política efectiva de combate a este terrible mal. Los tribunales de esta naturaleza tienen una complejidad mayor a los de cualquier otra materia general, quizá comparable solamente a los de la niñez y adolescencia. Se requieren trabajadoras sociales, psicólogas y la importante parte judicial que involucra conocimiento jurídico y de derechos humanos.  Sin lugar a dudas que la decisión de las máximas autoridades judiciales del país será tomada como un gran avance, especialmente porque no fue solo realizada a nivel central de la capital de la República, sino además de ello en las áreas de Alta Verapaz, Quetzaltenango y Huehuetenango, lugares donde se presume se han generado las mayores estadísticas regionales de estos crímenes.

Pero aunado a ello, ha causado gran alivio además conocer que la política de juzgamiento se combina con otras políticas integrales como la de medio ambiente y la modernización, al generar un proceso electrónico que incluirá notificaciones y actos procesales sin papel, lo que sin lugar a dudas será un adelanto significativo en comparación a otros procesos en los que actualmente no se cuenta con dicho precepto.

El Organismo Legislativo ha realizado su función al crear la ley específica; el Organismo Judicial y el Ministerio Público también dieron un paso importante al crear este sistema de investigación y juzgamiento, que incluye asimismo la apelación de las sentencias correspondientes.  Corresponde ahora entonces al Organismo Ejecutivo en otorgar un presupuesto efectivo para el cumplimiento de estas políticas y que las mismas tengan incidencia favorable para combatir una cultura de violencia contra la mujer.

La sociedad por su parte, entre educación, sensibilización y contribución impositiva también se obliga a que en Guatemala, en un futuro mediano, ya no exista la necesidad de estos juzgados, ante el regreso de una paz social tan necesaria.