Los tribunales cubanos actúan con «celeridad y severidad» contra las personas que roben, especulen o trafiquen, aprovechándose de la penuria y escasez dejada por los huracanes Gustav e Ike, afirmó hoy una alta funcionaria.
«Estamos en un escenario diferente, donde personas inescrupulosas han pretendido aprovecharse» de las dificultades, por lo cual los tribunales «están actuando con celeridad y severidad», dijo la presidenta del Tribunal provincial de Las Tunas (este), Luz Marina Hernández, al semanario Trabajadores.
Los delitos más frecuentes castigados en Las Tunas son «hurtos, robos de cables eléctricos y telefónicos, especulación y acaparamiento, apropiaciones y uso indebido de recursos, actividad económica ilícita, desórdenes públicos en centros de evacuados», dijo Hernández.
En la central provincia Ciego de ívila se formó «un destacamento de respuesta rápida» por fiscales, inspectores y policías», que, por ejemplo, detectó cientos de paquetes de detergentes y jabones escondidos en una nevera de una tienda en divisas, informó la prensa.
La fiscal jefa de esa provincia, Gilda Rodríguez, dijo que las principales infracciones registradas son «la apropiación o el desvío de alimentos, materiales de construcción y medicamentos».
El Parlamento provincial de Ciudad de La Habana analizó «las indisciplinas sociales e ilegalidades en el transporte público, instalaciones eléctricas y de la telefonía, la higiene comunal, el mobiliario urbano, enfrentamiento a buzos (buscadores en basura) y casas almacenes y talleres clandestinos».
Según el semanario Tribuna de La Habana, los concejales «llamaron a ser sistemáticos en el enfrentamiento, promover la formación de valores, ser más combativos y vigilantes y sumar a toda la población a estas acciones como fórmulas para ganar esta batalla».
Los dos huracanes dejaron pérdidas por 5.000 millones de dólares, destruyeron o dañaron medio millón de casas, instalaciones productivas, escuelas, así como cultivos, lo que provocó gran demanda de alimentos y materiales de construcción.
El Gobierno dictó un control de precios para los alimentos, ante lo que muchos agricultores, en rechazo a la medida, decidieron ausentarse de los mercados. Trabajadores pidió este lunes que se les suspenda definitivamente la licencia de venta.