El Tribunal Supremo de Cuba revisó el viernes a pedido de la defensa la sentencia de 15 años al contratista estadounidense Alan Gross, aunque un veredicto respecto a si será modificada se dará a conocer dentro de algunos días.
LA HABANA / Agencia AP
«El tribunal va a escuchar los argumentos de la defensa», dijo a periodistas la defensora Nuris Piñero en la puerta de la sede judicial ubicada a algunas cuadras del Palacio de la Revolución.
Temprano llegaron al recinto además de Piñeiro y sus asistentes, tres funcionarios de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en esta capital y una hora y media después salieron de la sesión realizada a puertas cerradas.
Gross fue visto a lo lejos vestido de traje oscuro mientras era trasladado en un auto color marrón escoltado por agentes de seguridad.
La casación, como se denomina el recurso agotado en la audiencia del viernes, es la última instancia judicial que le queda al estadounidense para revertir o modificar la sentencia en su contra, aunque analistas dijeron que al concluir el proceso legal se abría la puerta para gestionar una amnistía o indulto de tipo humanitario.
Una nota publicada en el portal oficial Cubadebate dio a entender que Gross habló durante la vista judicial.
«La abogada defensora alegó los elementos que sustentan la inconformidad del acusado con la decisión del tribunal de primera instancia, mientras que Alan Phillip Gross al ejercer el derecho de última palabra concedido por el tribunal, expuso los criterios que consideró pertinentes y agradeció la posibilidad de explicarlos personalmente ante los jueces», expresó el comunicado gubernamental.
«El máximo órgano judicial dará a conocer su sentencia definitiva en los próximos días», manifestó la nota.
Gross fue condenado a 15 años a comienzo del 2010 acusado de cometer delitos en contra de la seguridad del estado, al intentar ingresar clandestinamente en septiembre del 2009 equipos de telecomunicaciones.
El estadounidense de 62 años trabajaba para la Development Associates International (DAI), una firma que presta servicios a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).
Los equipos, según Washington, serían utilizados con el objetivo de realizar programas de apoyo a la democracia y se los entregaría en especial a la comunidad judía de Cuba, pero las autoridades de la isla consideran que estas iniciativas son sólo pantallas para financiar actividades antigubernamentales y muestran cómo Estados Unidos trata de inmiscuirse en asuntos internos.
«Nosotros esperamos que Alan sea liberado», dijo a la AP Julissa Reynoso, diputada asistente del Departamento de Estado norteamericano para los Asuntos del Hemisferio Occidental
El caso se convirtió en un tema más de fricciones entre Cuba y Estados Unidos, enfrentados desde el triunfo de la revolución en la isla, y echó luz también sobre los programas que la Casa Blanca financia en relación a la nación caribeña.
En abril, tras conocerse el veredicto contra Gross, el senador demócrata John Kerry, presidente del comité de Relaciones Exteriores, dijo a la prensa que «no existen evidencias de que los programas de promoción de democracia, que han costado a los contribuyentes estadounidenses más de 150 millones de dólares hasta el momento, estén ayudando al pueblo cubano».
En cambio, Kerry indicó que sólo lograron «provocar al gobierno cubano» y el arresto del «contratista estadounidense que distribuía equipos de comunicación por satélite a contactos cubanos».