El Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe garantizar procesos electorales imparciales y equitativos. Durante varios ciclos de elecciones, desde 1985, esa función se cumplió bien, absteniéndose el TSE de tomar posiciones partidarias. El criterio subyacente hasta 2007 fue el de promover la participación ciudadana. Se llevaron mesas de votación a lugares apartados y se facilitó la inscripción de candidatos. Más importante, el TSE se cuidó de no favorecer posición polí­tica alguna.

Hoy, esa posición ecuánime está en cuestionamiento y no pocos señalan parcialidad hacia el Partido Patriota. La Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG) solicita a los observadores internacionales que emitan opinión al respecto. Hay crí­ticas válidas en cuanto al padrón electoral, los tiempos de la propaganda electoral y los gastos desmesurados, y ha habido trabas con el documento de identificación personal y ahora la inscripción de candidatos de alianzas.

Las alianzas han electo y presentado candidaturas de acuerdo con lo que establece la Ley Electoral y de Partidos Polí­ticos. El TSE, con sus propias normas y sin notificación alguna, ha decidido bloquear las candidaturas del Frente Amplio a 19 corporaciones municipales y 7 diputaciones distritales. La oligarquí­a evita así­ autoridades que puedan cuestionar sus avorazados intereses económicos en materia de producción agropecuaria, minerí­a, energí­a y otras esferas.

El TSE se ha politizado, lo cual va contra la pureza de los procesos electorales, y restringe la participación. Los migrantes afirmamos que el TSE falló al no organizar el voto en el extranjero. La Corte de Constitucionalidad (CC) afirmó que los migrantes tenemos el pleno derecho a elegir y ser electos en el exterior. No obstante, por negligencia del TSE y con el contubernio de la CC, no se nos permitió votar en estas elecciones.  Las elecciones pecan así­ de grave inconstitucionalidad.

Politizada fue la negación a inscribir el binomio presidencial de VIVA-Encuentro por Guatemala, aduciendo prohibición constitucional para Harold Caballeros. Por ser interpretación de un asunto constitucional, no correspondí­a al TSE tomar decisión. Su obligación era trasladar el asunto a la CC solicitando que se pronunciara al respecto. En la forma politizada en que el TSE actuó, simplemente retrasó una inscripción. Fue una acción obstruccionista que, con sus fallos favorables a Caballeros, la Corte Suprema de Justicia, primero, y la CC, después, han invalidado.

El TSE se negó a inscribir a Sandra Torres, aduciendo “fraude de ley” en su divorcio. No planteó una objeción constitucional, sino que una interpretación, que no le correspondí­a, de que el divorcio no era válido. En su resolución final, la CC admite que dicha candidatura es inconstitucional; pero califica de inválida la excusa de “fraude electoral” planteada por el TSE. El TSE abusó, polí­ticamente, de su condición y no garantiza votaciones limpias e imparciales. De hecho, se cuestiona el proceso electoral como inconstitucional e ilegí­timo. Hay que ponerle coto de inmediato, pidiendo la remoción de su Presidenta; pero, hacia, el futuro, no se puede seguir permitiendo su politización.  Una nueva Constitución es necesaria.