Un Tribunal Popular de Conciencia (integrado por indígenas y representantes de la sociedad civil de Guatemala, Nicaragua y Bolivia) condenó este medio día al Estado guatemalteco, por el que han considerado como uno de los años más violentos para el movimiento indígena y campesino del país.
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Esto luego de conocer cuatro de los casos de más impacto suscitados en el presente año, todo lo sucedido en torno al tema de la Cementera Progreso en San Juan Sacatepéquez; el caso de la Mina Marlin en San Miguel Ixtahuacán; los asesinatos ocurridos en Colotenango, Huehuetenango, y todo lo acontecido en torno al tema de Ramiro Choc en Livingston, Izabal.
Abogados que se han hecho cargo de estos casos presentaron pruebas de lo ocurrido y testigos dieron sus relatos, lo cual llevó al tribunal a hacer una llamada de atención al Gobierno por el poco accionar en contra de los responsables de estos sucesos y por la falta de atención al tema. Para Nery Rodenas, representante de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado e integrante del tribunal, esta es una resolución que será un llamado de atención para que el Gobierno ponga más importancia a los casos relacionados con las luchas indígenas.
Daniel Pascual, líder campesino, afirmó que este año fue difícil para las luchas indígenas, las cuales en su mayoría giran en torno a la defensa de la Madre Tierra, por la amenaza que causan los proyectos mineros hacia las comunidades, además dio a conocer que al menos 15 líderes indígenas fueron asesinados y que hay aproximadamente 6 presos políticos, por los que reclaman su libertad.