Un tribunal ordenó al juez Mario Valenzuela que explique antes de 24 horas «las medidas que ha tomado para recuperar» unos archivos militares exigidos por la justicia y que el Ejército afirma que se perdieron.
«Se pide un informe al juez (Valenzuela) sobre las medidas que ha tomado para recuperar los cuatro planes militares utilizados en operaciones contrasubversivas ejecutadas por el Ejército en la década de los 80 en poblaciones arraigadas en Quiché» (norte), dijo ayer el presidente de la Sala de Apelaciones, Napoleón Gutiérrez.
El magistrado descartó que tales documentos comprometan la seguridad nacional, argumento de militares retirados para interponer recursos legales para impedir que estos archivos de la guerra civil (1960-1996) sean desclasificados.
«Esos planes no son de ninguna categoría de seguridad nacional. Por el tiempo y el país no está en un inminente peligro ni se atenta contra la seguridad nacional», afirmó.
«Nosotros dijimos que no había secreto militar en los planes Victoria 82, Firmeza 83, Sofía y Operación Ixil, y que su contenido podía hacerse público, así que el juez no puede decir nada, porque hay dos órganos jurisdiccionales arriba de él que ya emitieron sentencia», insistió.
La Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial del país, el 9 de febrero dejó en firme una resolución de julio de 2007 de la Sala que dirige Gutiérrez, que ordenaba al Ministerio de la Defensa entregar los cuatro archivos militares.
Sin embargo, el ministro de la Defensa, general Abraham Valenzuela, el 25 de febrero solo entregó dos de los cuatro documentos y argumentó que el plan Sofía y Operación Ixil habían desaparecido y no sabía de su existencia.
La Fiscalía General también solicitó al tribunal de Apelaciones que ordene al Ministerio de la Defensa entregar los documentos militares faltantes, pero Gutiérrez indicó que esperará el informe del juez para emitir una resolución.
Según un informe auspiciado por las Naciones Unidas y presentado en 1999, la guerra civil dejó 200.000 muertos y desaparecidos, y el 93% de los casos fueron atribuidos al Ejército.