La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU en La Haya ordenó a Japón que ponga fin al controvertido programa ballenero japonés, justificado con fines de investigación, al considerar que contraviene una moratoria de caza de ballenas de 1986.
Japón alega que el programa tiene fines científicos, algo que sí permiten las convenciones internacionales.
Australia llevó el caso ante el tribunal en 2010, alegando que Tokio violaba las leyes internacionales al matar a cientos de ballenas al año con propósitos comerciales.
Japón se mostró «profundamente decepcionado» por la decisión, aunque señaló que la esperaba, según dijo un funcionario del gobierno citado por la agencia de noticias Kyodo News.
Al contrario, los políticos australianos que iniciaron el caso saludaron la sentencia. «Tener esta setencia de la corte internacional, que es absolutamente clara y completa, defiende la decisión de llevar a Japón ante el tribunal», expresó el exministro de Medio Ambiente, el laborista Peter Garrett.
Japón puso fin a la caza de ballenas con fines comerciales oficialmente en 1987 pero desde entonces ha realizado caza con fines de investigación, algo que muchos critican como un agujero legal en la Carta de la Comisión Ballenera Internacional. Otros sin embargo acusan a Japón de utilizarlo como excusa para realizar una caza que en realidad tiene fines comerciales.
La mayoría de japoneses no consume esta carne, por lo que la caza de ballenas no aporta beneficios económicos, pero según los críticos, sirve a intereses particulares.
La mayoría de la población japonesa no es consciente del criticismo internacional contra la caza de ballenas porque los medios nacionales limitan su cobertura y censuran a los grupos críticos.
Las organizaciones no gubernamentales llevan tiempo pidiendo al gobierno que revise su política ballenera.