El Tribunal Primero A de Mayor Riesgo rechazó el fallo de la jueza Carol Patricia Flores –quien ordenó ayer anular lo actuado durante meses en el proceso contra Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez–, y en cambio señaló una pausa en el debate hasta que la Corte de Constitucionalidad (CC), resuelva una consulta.
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“No aceptamos la resolución emanada por la jueza Flores”, subrayó esta mañana Yazmín Barrios, presidenta del Tribunal que diligencia el debate oral por genocidio y deberes contra la humanidad contra los generales retirados.
La togada también mencionó desde el estrado que “no estamos obligados a acatar órdenes manifiestamente ilegales, pues ningún funcionario público es superior a la ley”.
El Tribunal además dijo que el fallo de Flores vulneró su independencia judicial y que se excedió en sus funciones al retrasar el proceso a fases ya concluidas, lo cual “no es permitido por la ley”.
La togada recordó que la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), en la que Flores basó su resolución, señala literalmente que “sin embargo, esta Corte advierte de los antecedentes de los medios probatorios que fueron rechazados a los amparistas, perfectamente pueden diligenciarse dentro del juicio sin afectar el inicio del proceso o bien retrotraerlo, situación que sería ilegal”.
En consecuencia, el Tribunal suspendió el debate de forma temporal hasta que los magistrados de la CC resuelvan una consulta que fue enviada desde esta mañana y que versa sobre la “orden ilegal que fue emanada por la juzgadora de Instancia”.
“La ley está hecha para ser respetada y hasta que un órgano superior nos diga que no debemos continuar con el debate, entonces lo haremos; ahora es la CC la que de forma expresa deberá decirlo”, enfatizó Barrios.
La resolución del órgano levantó una ola de aplausos entre las personas que asistieron a la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia, de las cuales la mayoría eran familiares de las víctimas, activistas en derechos humanos y observadores internacionales. Tal como los abogados de los generales retirados, sus simpatizantes se ausentaron, considerando que el fallo de la jueza Flores decretaba nulidad en el proceso.
SIN DEFENSA
Por otro lado, el Tribunal ordenó oficiar a la Defensa Pública Penal para que nombrara defensores para Ríos Montt y Rodríguez Sánchez y empezaran a analizar el proceso, puesto que los abogados seleccionados por los militares no se presentaron a la audiencia.
Esto derivó de una petición del fiscal Orlando López, quien indicó que mientras el proceso está en debate, la defensa debe analizarlo para que “cuando regresemos se pueda recibir la prueba que está pendiente o emitir conclusiones”.
En ese sentido, Barrios decretó el abandono de la defensa y ordenó que oficiara al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados.
Al concluir la audiencia, Ríos Montt fue indagado por periodistas, pero no respondió a los cuestionamientos.
ACCIONAN LEGALMENTE
Mientras tanto, el MP presentó a tempranas horas un recurso de debida ejecución ante la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones impugnando la resolución de la jueza Flores, al retroceder el proceso hasta el 23 de noviembre del año 2011.
Javier Monterroso, asesor de la fiscal general Claudia Paz y Paz, señaló que el fallo de la juzgadora fue ilegal y que solicitaron a la Sala que se le enmendara su resolución.
Asimismo, la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR) y el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), querellantes en el proceso, junto con familiares de las victimas realizaron una marcha silenciosa hacia la CC para presentar dos acciones legales.
Según la información, las entidades promovieron un ocurso de queja, así como un amparo adversando la resolución de anular lo actuado durante meses.
Los generales retirados enfrentan juicio por su presunta responsabilidad en la masacre ejecutada contra pobladores del área ixil, donde murieron mil 771 indígenas entre los años 1982 y 1983.