í‰dgar Gutiérrez

Centro de Estudios Estratégicos y de Seguridad para Centroamérica (CEESC)

La violencia de ayer y la de hoy

La diferencia básica entre la violencia polí­tica durante el conflicto armado y la violencia criminal de ahora, es que aquélla se organizaba para cambiar o preservar un orden establecido, y la actual violencia, en cambio, medra de las debilidades del sistema, no le conviene cambiarlo.

Aquélla era una violencia con lógica polí­tica y sustentos ideológicos; la actual es una con lenguaje de mercado que burla las reglas pactadas: va tras la máxima ganancia a toda costa, e incluye entre sus costos la corrupción de agentes estatales y la dotación de su propia seguridad privada, tal como funcionan las mafias.

Tanto en la violencia polí­tica del pasado como en la violencia criminal del presente hay una dimensión internacional, pero su presencia es cualitativamente distinta. Antes eran agentes estatales pertenecientes a bloques ideológicos que se disputaban el poder global los que intervení­an abierta o indirectamente en el conflicto interno. Ahora son redes transnacionales no estatales que se construyen para producir y trasegar bienes ilí­citos -como las drogas- o bien lí­citos -contrabando de mercancí­as.

El factor determinante para Guatemala en el escenario de violencia criminal es su geografí­a: estar en el último tramo de paí­ses por donde transitan estupefacientes y personas tratadas como esclavas, hacia el principal mercado o polo de atracción, EE.UU.

Mucho se discute sobre el derecho soberano de los guatemaltecos de producir y conducir nuestra seguridad, pero poco se hace. Y mayor es la lamentación patética sobre lo mal que estamos. Por otro lado, aunque es válido debatir sobre las causas de esta violencia criminal transnacional, un Estado no puede estacionarse en ese debate: tiene que operar también sobre sus consecuencias, consciente que son eso, efectos, y por eso no debe descuidar la discusión polí­tica bilateral y multilateral sobre las causas.

El crimen transnacional no tiene como fuente nuestras desigualdades y exclusiones, por eso el poder de cambiar el escenario descansa en el esfuerzo de mitigar el consumo (farmacodependencia) y modificar las reglas del mercado. Eso nos pone sobre un asunto de principio en las relaciones internacionales: la responsabilidad compartida, es decir, cada paí­s responde a su problema nacional y aporta recursos de acuerdo con sus capacidades.

Los objetivos inmediatos

¿Cuál es nuestra tarea en esa responsabilidad compartida, sobre todo en la razón de ser del Estado: dar seguridad a sus habitantes? Dada nuestra condición actual, sugiero tres objetivos:

1. Recuperar la integridad de las fuerzas de seguridad y justicia. La corrupción e infiltración del crimen organizado en las fuerzas de seguridad y de justicia las vuelve potencialmente ingobernables; de ellas desconfí­an el pueblo guatemalteco, pero también las autoridades y ciudadanos de otros paí­ses. No hay seguridad posible bajo ese cuadro y, en cambio, es más probable avanzar hacia un escenario de mafias en el cual la seguridad la proporcionan grupos privados ilí­citos (las mafias). Por tanto, recuperar las instituciones de seguridad y justicia es el objetivo prioritario, condición sine qua non para alcanzar los siguientes.

2. Recuperar el control territorial. Sólo con instituciones confiables se puede perseguir el siguiente objetivo urgente: gobernar calles y territorios. Los bolsones territoriales en poder de narcotraficantes o donde fuerzas extranjeras ejercen dominio se han ido expandiendo, amén de áreas estratégicas, como los puertos y aeropuertos, aduanas y pasos fronterizos, donde el crimen transita impune.

3. Inversión en capital humano e institucional. Al recuperar las instituciones, y para éstas cumplir eficazmente su misión, hablo implí­citamente de su transformación. La reingenierí­a institucional es un objetivo asociado a los anteriores, dado el estado deplorable de nuestros aparatos. Las áreas básicas de trabajo serán la contrainteligencia, la inteligencia, la formación sistemática de mandos, la planeación estratégica, la coordinación entre instituciones (locales y extranjeras) y el mejoramiento sustantivo de equipos de comunicación y transporte.

Todo esto nos vuelve a uno de los temas iniciales, la dimensión internacional del crimen y las alianzas con los Estados. Guatemala debe aprender a desarrollar una estrategia de cooperación para la seguridad de acuerdo con el principio de responsabilidad compartida, aprendiendo, por otro lado, a identificar con quién se intercambia qué: lo primero son las experiencias y las buenas prácticas, luego el refuerzo de las instituciones y las capacitaciones, la coordinación táctica y, sólo por último, los equipos y otras formas materiales de ayuda.

Los reclamos de soberaní­a no son retórica, parten de polí­ticas nacionales que traducen la necesidad y el interés de nuestra sociedad y ponen de manifiesto nuestro dominio del terreno. Es una responsabilidad indelegable que está por encima de ideologí­as y pugnas polí­ticas inmediatas.