Según Carlos Morales, coordinador general de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC), durante el gobierno pasado y lo que va de este, unas 3 mil familias de Alta y Baja Verapaz fueron desalojadas, por lo que habitan en los bordes de las carreteras sin ninguna seguridad.

Durante el Gobierno de í“scar Berger, 38 comunidades fueron expulsadas de los sitios donde habitaban, ya que se les acusó de invasión y usurpación de terrenos. Morales dijo que, actualmente, existen entre 100 y 150 comunidades en riesgo de ser desalojadas, en los dos departamentos mencionados.

Sin seguimiento

Morales indicó que se han hecho denuncias a la Procuradurí­a de los Derechos Humanos (PDH) y sus demandas también han sido planteadas a la Secretarí­a de Asuntos Agrarios, sin embargo, no ha tenido una respuesta positiva.

«Quien asume un cargo tiene que encargarse del problema, en este caso vemos que las autoridades no le prestan atención porque las personas siguen viviendo bajo plásticos. Muchas comunidades son desalojadas y ellas mismas tienen que buscar donde vivir», señaló.

El dirigente argumentó que, pese a que el Gobierno implementó dos mesas de trabajo: la Mesa de Desarrollo Rural y la Mesa de Conflictividad Agraria, no ha habido avances concretos.

«En esta última (mesa de conflictividad agraria, creada en agosto) no se ha hecho ni la primera reunión de la Comisión Paritaria. Es difí­cil que la mesa asuma toda la problemática, pero al menos esperamos que asuma los casos más fuertes a nivel nacional. Aunque muchas veces estas acciones son sólo dilatorias.», refirió.

Las instituciones que conforman esta instancia son: la Secretarí­a de Asuntos Agrarios, Ministerio de Agricultura Ganaderí­a y Alimentación, Ministerio de Gobernación, PDH y CNOC.

Represión

Morales también denunció la represión de lí­deres indí­genas y campesinos en las verapaces. Se refirió al caso puntual de Mateo Caal Yat, dirigente de la comunidad La Moca, en el municipio de Senahú, Alta Verapaz, quien fue capturado hace cuatro meses, acusado de usurpación y robo agravado.

Morales informó que hay aproximadamente unas 40 personas que son perseguidas que están sindicadas de usurpaciones.

«No son invasores, los problemas son históricos. También existe el problema que no se reconoce el daño que se les causa a todas las familias campesinas, sólo se habla del costo para los empresarios», se lamentó.