El título de la presente opinión no se refiere al conocido aceite “3/1” que tantos usos y aplicaciones mecánicas y domésticas tenía para nuestros padres y para nosotros. En realidad, el título dado se refiere  a tres aspectos que han venido siendo noticia durante el mes de enero como resultado de decisiones y acciones del gobierno del presidente Otto Pérez Molina.

Primero: Son varios los comentarios que han provocado la decisión presidencial de nombrar a Juan de Dios Rodríguez, secretario privado del Presidente, como titular para presidir la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS, sustituyendo a Luis Alberto Reyes Mayén, quien durante el gobierno empresarial de Óscar Berger fue nombrado suplente y asumió en febrero de 2004 y ante la renuncia del titular Carlos Torrebiarte, en el año 2007, asumió como presidente para terminar el período y que con su habilidad, plasticidad y afinidad conocida con múltiples sectores ha logrado mantenerse en el puesto hasta la fecha aun cuando evidentemente el período de seis años para el que fue nombrado en el 2004 ya concluyó.

Reyes Mayén, evidentemente como ha sido su comportamiento en otras situaciones, no reconoce ni acepta que por dignidad y por haber concluido su período debe de irse de la presidencia del Seguro Social y con trucos y astucia ha movido a la junta directiva, a la gerencia y a parte de los sindicatos del IGSS para que lo defiendan. Lo mismo ha logrado en ciertos medios de comunicación que indudablemente le deben buena parte de la pauta y de la distribución del periódico que ahora realiza el IGSS. Sin embargo, como dijo un editorial, la ley es la ley y en lugar de aferrarse al gran sueldo y privilegios que ha gozado debe de irse con un poco de dignidad y consolarse que dentro de muy poco, si continúa contribuyendo al plan propio de retiro del IGSS, gozará de una de las mejores pensiones que existen en Guatemala para el resto de su vida.

Dos: Si bien todo daño debe ser indemnizado, tampoco debe convertirse en la forma de hacer millonarios a los activistas de derechos humanos y a los deudos de personas que fallecieron o desaparecieron en el conflicto armado interno que durante 36 años sufrió Guatemala. Por ello, debe comprenderse que al haber ratificado, con reserva, el 9 de marzo de 1987, la Convención Americana de Derechos Humanos, esta entidad no puede actuar de forma retroactiva o desmedida y mucho menos colocar al pueblo de Guatemala en la obligación de pagar, con sus impuestos, multimillonarias compensaciones con la argumentación que una persona desaparecida es un hecho continuado. La retroactividad y el hecho continuado están perfectamente definidos en la doctrina de las ciencias jurídicas, igual que la presunción. Por tanto, debe comprenderse y reconocerse que el gobierno que preside Otto Pérez está procediendo adecuadamente en exigir que se respete la reserva y que las indemnizaciones o compensaciones que en un momento se otorguen sean en base a la capacidad de Guatemala, a su derecho interno y no al deseo y pretensión de activistas como Frank La Rue, que ha vivido de lo que han logrado económicamente en ese campo.

Tercero: Como lo dijera el columnista Jorge Jacobs, el cierre de FONAPAZ es uno de esos casos paradigmáticos que en Guatemala acarrean basura y el presidente queda muy mal parado si solo cierran la entidad argumentando corrupción y no denunciando responsabilidades. Sí es necesario en los tres aspectos referidos aplicar aceite 3/1.

¡Guatemala es primero!