El Tribunal Octavo de Sentencia Penal condenó a tres años de cárcel por el delito de incumplimiento de deberes a Raúl Velásquez, ex Ministro de Gobernación, señalado por el traslado de reos a la cárcel Fraijanes II. Dos auditores de la Contraloría también fueron encontrados culpables.
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Tras más de tres meses de haber iniciado el debate oral y público por el caso conocido como Fraijanes II, el tribunal Octavo condenó al exfuncionario de Gobernación y dos auditores de la Contraloría General de Cuentas.
Velásquez fue encontrado culpable del delito de incumplimiento de deberes ya que según las investigaciones del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ordenó de “forma arbitraria” el traslado de reclusos a la cárcel de máxima seguridad.
El extitular de la cartera del Interior fue absuelto del delito de abuso de autoridad. Pese a que el Tribunal lo condenó a tres años de cárcel, el juzgador del caso ordenó su inmediata liberación por haber estado tras las rejas durante 41 meses.
Sin embargo, Velásquez no dejará hoy la cárcel, ya que aún se encuentra sujeto al proceso penal por irregularidades en la adquisición de gasolina para la Policía Nacional a través de la empresa Maskana.
AUDITORES
Por el Caso Fraijanes II también fueron condenados a un año de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes Luis Antonio Álvarez Pereira y Francisco Javier Villatoro Villa Nueva, ambos auditores de la Contraloría General de Cuentas de la Nación.
En el fallo el Tribunal absolvió a Francisco Javier Alvarado, quien cuando ocurrieron los hechos era director de Infraestructura Pública de la Contraloría y Carlos Enrique López Gutiérrez, entonces director de Auditoría de Entidades Especiales de la misma institución.
En declaraciones a los medios de comunicación, Velásquez afirmó que apelaría la resolución que lo declaró culpable del ilícito de incumplimiento de deberes. Por su parte del Ministerio Público se conoció que analizarán el fallo para determinar si presentarán impugnaciones.
EL CASO
Según las investigaciones, existieron anomalías en los procesos de contratación y en la ejecución del proyecto para remodelar la cárcel de Fraijanes II, para el cual se habrían destinado Q17.4 millones.
El caso vincula a directivos de la organización no gubernamental Fundtech, empresarios, y a funcionarios de Gobernación de esa época.
Salvador Gándara está vinculado a este caso aunque aún no se ha definido si enfrentará juicio por estos hechos.