El colapso sufrido ayer por la importante ruta hacia el oriente del país en la llamada Carretera a El Salvador puso en evidencia hasta qué punto sufrimos de una tremenda vulnerabilidad en todo el sistema vial. Buses escolares atrapados durante tres o más horas en congestionamientos viales que provocaron nudos imposibles de romper son una muestra de cuán grave es la situación del país, por más que recientemente el Presidente de la República dijera que tenemos una infraestructura vial totalmente confiable.
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Vivimos en el país que no dedica ningún esfuerzo al mantenimiento preventivo ni es capaz de sancionar a los particulares que causan daños a la obra pública de interés general. Si es cierto que la carretera se hundió como resultado de trabajos emprendidos por una constructora privada que está desarrollando un proyecto habitacional, la reparación del tramo debiera correr a cuenta de esa empresa, por lo menos, y además habría que deducirle los daños y perjuicios provocados al país en general con los atascos y pérdida de combustible durante la crisis y mientras dura la reparación de la vía. Pero en el país de la eterna impunidad eso es impensable porque sin duda que alguno de los constructores involucrados tiene «conectes» en alguna dependencia y del tema no se volverá a hablar ni por asomo.
Parte de la vulnerabilidad también se puso en evidencia con el deterioro del puente temporal colocado en el acceso principal a la cabecera municipal de Villa Canales, mismo que empezó a ceder por falta de mantenimiento y porque no está diseñado para un uso tan intenso y prolongado como el que ha sufrido. Porque resulta que el puente definitivo, que tendría que haber sido terminado hace tiempo, no avanza por falta de recursos y en consecuencia miles de automovilistas de ese sector tienen peligro de quedarse sin la vía que ya se usa con limitaciones porque el puente temporal no permite transitar simultáneamente en ambas direcciones.
En otros países, para continuar con el tema de la impunidad, los funcionarios que no cumplen con su responsabilidad tienen que enfrentar consecuencias legales, pero en Guatemala nadie rinde cuentas, nadie tiene por qué preocuparse ni siquiera por reclamos públicos porque los chapines ya dimos por sentado que no debemos esperar nada de las autoridades y no les exigimos que cumplan con su deber. Damos por sentado que los funcionarios llegan a enriquecerse y punto, sin tener que atender clamores o demandas de la población porque el único sentido que tiene su función es la de ser parte de esa interminable cadena de corrupción que opera en todos los niveles y que salpica a diestra y siniestra.
Es una pena que un país como Guatemala tenga que sufrir tanta vulnerabilidad por obras mal hechas cuya paternidad nadie se atribuye. Por la falta de mantenimiento de aquellas inversiones hechas en el pasado y que, por obra y gracia de la corrupción generalmente nos costaron un ojo de la cara, pero que no podemos ni siquiera cuidar con esmero y dedicación. Todo lo abandonamos y dejamos destruir por pura desidia y desinterés y cuando pasa una catástrofe, nadie es responsable y las pérdidas las tenemos que pagar entre todos, porque para eso sí que vale el socialismo, cuando se trata de repartir entre toda la población los costos del daño causado por unos pocos.
Al Fiscal General hay que exigirle que inicie el proceso correspondiente contra los causantes de ese hundimiento, para que por lo menos asuman la responsabilidad penal en el daño a la obra pública y para que se les puedan deducir las responsabilidades civiles correspondientes.