Con el objetivo de eliminar las barreras para la comercialización internacional de productos, y facilitar la circulación de las mercancí­as en las fronteras, los Tratados de Libre Comercio (TLC) han creado grandes controversias en los paí­ses de América Latina.

En este tipo de acuerdos, los productos ingresan al paí­s exentos de impuestos de exportación, en consecuencia, logran posicionarse en el mercado con un precio menor en comparación a las importaciones de otros paí­ses que pagan los aranceles correspondientes y por tanto, con mayor demanda de los compradores.

En Guatemala, el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA) ya se aprobó, también con Taiwán; el pasado 9 de agosto se suscribió el Tratado de Libre Comercio con Colombia y se estudian las posibilidades de hacerlo con la Unión Europea. Esta tendencia de la nueva economí­a globalizada ha tenido diversas consecuencias en la economí­a nacional.

Golpe al campesinado

En Guatemala, las organizaciones sociales han reprobado este tipo de asociaciones entre paí­ses, aduciendo que resultarán afectados con los nuevos regí­menes arancelarios, que promueven una competencia desleal.

Juana Batzibal, del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) afirma que el sector campesino de Guatemala, que en buena parte es indí­gena, no puede competir con los productores norteamericanos, ya que ellos reciben un subsidio estatal que les permite utilizar tecnologí­a y técnicas más avanzadas.

Batzibal explica que los trabajadores agrí­colas del paí­s, laboran en forma independiente la mayorí­a de ocasiones, y no pueden aumentar la cantidad de su producción, asimismo confirma que no tienen apoyo del gobierno para comercializar sus mercancí­as.

Herramientas para el equilibrio

Para equilibrar el proceso de libre comercio del DR-CAFTA, que afecta a los productores guatemaltecos, ya que no cuentan con subsidios gubernamentales, la reducción de aranceles disminuye escalonadamente cada año, asimismo cada producto se rige por condiciones ad hoc, es decir que cada producto tiene un trato distinto en cada paí­s.

La Salvaguarda Agrí­cola Especial es otra medida utilizada para amortiguar el ingreso de productos extranjeros, que salvo el maní­ y productos lácteos, son ingresados al paí­s con impuestos adicionales que superen la capacidad productiva de los nacionales antes de cumplirse 14 años de haber suscrito el tratado

Explotación de trabajadores

Orlando Blanco del Colectivo de Organizaciones Sociales (COS) estima que estos acuerdos benefician a una pequeña parte del sector comercial nacional, que posee la capacidad de exportar grande cantidades de productos, en tanto los más débiles de la estructura comercial nunca podrán superar las barreras nacionales.

Uno de los problemas que conlleva un acuerdo comercial como el DR-CAFTA, según Blanco es la explotación de los trabajadores, ya que las empresas extranjeras prefieren instalarse en paí­ses como Guatemala, con débiles leyes que protegen a los trabajadores para poder aprovecharse de ellos y exigir mayor productividad con salarios miserables.

Oportunidades sí­, con preparación

Carolina Castellanos de American Chamber (AmCham) difiere de las organizaciones sociales cuando asegura que los Tratados de Libre Comercio únicamente traen beneficios al paí­s, pero la desinformación y falta de conocimiento hace que las organizaciones sociales se opongan.

AmCham preparó el programa «CAFTA in action» en el que se propone capacitar a todas las empresas, aunque no estén asociadas a su agrupación, sobre la forma en que deben prepararse institucionalmente para enfrentarse a los desafí­os del acuerdo.

«Tarde o temprano í­bamos a entrar a la economí­a globalizada, es un compromiso con el paí­s, que todos nos preparemos para poder obtener todos los beneficios de ese acuerdo» relató Castellanos.

Habiendo ratificado ya varios tratados, Guatemala analiza la posibilidad de negociar con la Unión Europea, a pesar de que existen amplias asimetrí­as en la capacidad de producción, desarrollo tecnológico y apoyo gubernamental en ambas regiones.

Para poder competir internacionalmente será necesario mejorar las condiciones de producción y estabilizar la economí­a nacional, a través de cambios en el Estado que permitan un desarrollo integral sostenible y una distribución equitativa de la riqueza.