El pasado 2 de abril los gobiernos representados en las Naciones Unidas aprobaron por unanimidad un Tratado sobre el Comercio de Armas que prohibirá a los Estados transferir armas convencionales a otros países si saben que van a ser utilizadas para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra o facilitar su comisión.

El Tratado adoptado afecta a las principales categorías de armas convencionales, incluidas las armas pequeñas y las armas ligeras, que producen cantidades ingentes de víctimas civiles y proliferan en países con conflictos de baja intensidad y en situaciones de violencia armada.

Mayra De León, coordinadora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, Iepades, explica que el tratado Internacional de Armas y Municiones es un documento vinculante que fue presentado en 1997 por un grupo de laureados Nobel de la Paz.

“Habían varios documentos antes que eran jurídicamente vinculantes que abordaban el tema del tráfico de armas y que el Estado debía llevar a cabo acciones para evitar el trasiego de armamento, pero no había un  documento legal sobre el comercio de armas. Se hacia la alusión entonces de que había tratados internacionales en contra del tráfico de otras cosas, pero no existía uno contra el comercio de armas de fuego”, explicó.

El comercio de armas mueve anualmente alrededor de 80 mil millones de dólares al año, y estas tienen por destino escenarios de conflicto en países en vías de desarrollo. Además el tráfico ilícito de armas se nutre de mercados legales, siendo esta una de las causas por la cual se requiere mejorar los controles sobre comercio de armas.

“Lo que se busca es la regulación del comercio de armas, porque todos los Estados tienen legislaciones diferentes sobre control y portación de armas, pero no había una regulación específica de transferencias. Este tratado no solamente regula las armas que el Estado adquiere para su propia protección, sino también las armas que los particulares pueden adquirir”, amplió De León.

EE. UU. SE OPUSO A NEGOCIACIÓN

Cuando Naciones Unidas se decide iniciar las negociaciones formales, Estados Unidos se opuso a tal negociación. Esta postura cambia a raíz del cambio de gobernante, pues Barack Obama cambia totalmente la política exterior estadounidense en materia de armas. El cambio fue obvio, opinan expertos, pues esta oposición se debía porque la administración anterior era republicana, quienes apoyan el armamentismo.

Y es que desde los últimos ataques con armas en universidades de aquel país toda la postura demócrata es sobre el control de armas en Estados Unidos y que se hacía necesario regular la tenencia y obtención de los rifles de asalto. En contraparte, los republicanos fomentaban total libertad para la adquisición de armas.

Para la coordinadora del Iepades, la postura actual de Estados Unidos desentrampa en gran medida toda la negociación del tratado. Pero propuso que se adoptará la regla bajo un consenso con Naciones Unidas, es decir que pueden disentir los Estados, que puede haber derecho a veto.

DIGECAM SIN CONTROL DE ARMAS

En Guatemala la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam) controla el registro pero no el control de las armas. Para los analistas en materia de seguridad y justicia, esta es la función de la PNC. Por esa misma razón se ha pedido que el control y registro de armas pase a ser una dependencia del Mingob, para tener una política de prevención y mejor control en el uso de armas, tanto de particulares como de empresas de seguridad privada. 

En la actualidad, no existe una política integral de rastreo y persecución penal de personas que trafican ilegalmente las armas. Hasta la fecha son pocos los casos que maneja el OJ sobre tráfico de armas. El Estado no está combatiendo eficazmente el tráfico de armas, sino solo resuelve los delitos de portación ilegal.

“Pedimos que exista una entidad especializada en el tema de las armas para perseguir delitos, y que sean esfuerzos coordinados con el sistema de justicia para que pueda haber una investigación específica sobre el tráfico de armas”, manifestó la coordinadora de Iepades.

El tratado se aprobó este mes, pero aún no es ley en ningún Estado. Entra en vigencia a los noventa días que ratifica el Estado número 50. Es decir, en este momento inician los procesos en las cancillerías y congresos de cada país para ratificar el tratado. Según De León faltan por lo menos dos años para que se logre ratificar y aprobar en nuestro país, pues no existe mucha voluntad política en este tema.

ARMAS INCAUTADAS

Según datos oficiales de la PNC solo el año pasado se incautaron casi 5 mil armas en todo el país, y más del 80% de crímenes son cometidos con armas de fuego. Mismo porcentaje es en el caso de las lesiones, siendo los más afectados los niños y mujeres en ambos casos.

Asimismo, el Organismo Judicial (OJ) reporta que el año pasado se iniciaron 3 mil 48 procesos por delitos tipificados en la citada Ley. Casi el 60% de estos expedientes es contra quienes fueron sorprendidos por la PNC portando armas de manera ilegal.