Según estimaciones de Casa Alianza, en todo el paí­s son explotados sexualmente unos 15 mil niños, niñas y adolescentes, mientras que sólo en la capital habrí­a unas 3 mil ví­ctimas de este crimen.

A criterio de la periodista mexicana Lydia Cacho, quien visitó recientemente el paí­s, «El gran proxeneta en el mundo son los gobiernos», ya que éstos permiten la existencia de los burdeles y las condiciones para que los abusadores confí­en en el sistema que mantiene la impunidad del «fenómeno global».

«Los gobiernos se resisten a entender que la explotación sexual es un tema de Derechos Humanos, por lo que en la medida en que no eduquen al MP, jueces, Policí­a, el problema se perpetuará», indicó la autora del libro Los demonios del Edén, obra con la cual denunció la pederastia en México.

Criminalización

De acuerdo con la escritora, las autoridades que realizan los operativos de «rescate» de personas de explotación sexual en prostí­bulos, criminalizan a las ví­ctimas, las cuales son sometidas a muchos vejámenes.

«Cuando se les retiene contra la voluntad, se les amenaza con llevarlas a la cárcel por no tener documentos de identificación, entonces les exigen ciertos favores sexuales para dejarlas en libertad», manifestó Claudia Rivera, directora de Casa Alianza.

«Los mismos burdeles son reincidentes en la explotación sexual comercial, porque las jóvenes son traí­das de nuevo a esos lugares, y la corrupción en las fronteras incide en la permanencia del delito», sostuvo Cacho.

Según la expositora, las redes internacionales del crimen coadyuvan a que las ví­ctimas sean trasladadas de manera constante en toda la región, con la participación de los gobiernos locales y el silencio cómplice de la sociedad.

«La cultura machista de los agentes de policí­a, quienes muchas veces son clientes en los mismos burdeles y el desconocimiento de algunos jueces, provoca que no se ordenen protección y abrigo, para las ví­ctimas, sino que se les acusa de prostituirse», enfatizó Rivera.

La directora de Casa Alianza dijo que han recibido varias denuncias de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la explotación sexual de la que son ví­ctimas muchas jóvenes guatemaltecas, en el área de Tapachula, en México.