Edson Eduardo García González, quien también se hacía llamar Carlos Eduardo Sintuj Pérez, de 26 años, sindicado por la violación de una niña de 7 años, en Petén, fue trasladado de ese departamento al Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18, aparentemente por posibles abusos en su contra, aunque, el Sistema Penitenciario (SP) asegura que no fue por esa razón.

Según el SP, desde el sábado recién pasado, el sindicado está recluido en un área de asilamiento del centro preventivo, no precisamente por haber sufrido vejámenes en la otra prisión.

“Desde el área de Petén fue trasladado hacia la capital donde está recluido, sin reportar alguna anomalía o situación de novedad en la reclusión, hasta nueva orden judicial.  Hasta este momento no se reporta ninguna situación anómala, obviamente es el mismo procedimiento de ingreso donde hay atención, verificación y chequeo médico integral multidisciplinario como todo privado o privada de libertad”, indicó el portavoz de la institución, Rudy Esquivel.

Aunque las autoridades sostienen que el traslado no se realizó por ninguna situación fuera de control, se conoce de forma extraoficial, que el detenido habría sido objeto de abuso sexual y golpes, por parte de otros reclusos.

ANTECEDENTES

El pasado 24 de agosto fue detenido García González, en Camotán, Chiquimula, acusado de matar y violar en julio pasado, a Andry Yaretzy Lemus Vásquez, en Petén.

Debido a que existía otro proceso abierto en su contra, por la violación de una adolescente de 15 años en Zacapa, el detenido fue trasladado a la cárcel Los Jocotes, ubicada en esa localidad y posteriormente a Petén.

El sábado recién pasado, ingresó al Centro Preventivo, según la información proporcionada por presidios.

En otro caso, pero en situación similar, permanece Jennifer Liliana Alquijay Osorio, sindicada de asesinar a su hija de 3 años, quien fue ubicada en un área de aislamiento de la cárcel de Santa Teresa.

ANÁLISIS

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), a través de la Defensoría del Debido Proceso y Recluso, destacó en su último informe, que las situaciones de violencia que se originan en los centro carcelarios se debe a varios aspectos, como el bajo presupuesto, la infraestructura inadecuada, el hacinamiento, la falta de separación de las personas privadas de libertad, entre otros.

Las recomendaciones de la institución se basaban en tres ejes estratégicos como la existencia de un marco normativo adecuado, seguridad e infraestructura, los cuales debían ser implementados a corto, mediano y largo plazo.

“El estado actual de los centros penitenciarios ha sobrepasado totalmente la capacidad de 6 mil 407 plazas con las que se cuenta; el porcentaje de sobrepoblación de personas privadas de libertad que se encuentran en centros de cumplimiento de condena asciende a 39.1 por ciento del total de reclusos, y el 60.4 está en centros de prisión preventiva.  La tasa de privados de libertad en Guatemala por cada 100 mil habitantes es de 89.5 personas que se encuentran en centros a cargo del Sistema Penitenciario y PNC”, refiere el informe.