Dos iniciativas de ley serán presentadas antes de finalizar este mes por los «sin techo», grupos de guatemaltecos que han invadido terrenos para hacerse de una vivienda en lugares calificados como marginales. La Universidad de San Carlos de Guatemala será el medio para llevar las propuestas, una de ellas es la creación de un ministerio de la vivienda.

Rolling Escobar, representante de las organizaciones de vecinos de los asentamientos humanos, prepara las normativas con apoyo de las facultades de Arquitectura, Derecho e Ingenierí­a, para que con base en el reordenamiento territorial se creen condiciones mí­nimas, pero básicas para una vivienda digna.

La creación de un ministerio de la vivienda será otra de las propuestas que harán las organizaciones de habitantes de asentamientos humanos. El objetivo es contar con una dependencia del Estado que vele por la legalización de la tierra. Los promotores consignan que su objetivo no es dar paso a más burocracia, sino poder centrar sus esfuerzos en un ente que se dedique a resolver el problema de la falta de vivienda.

El camino de ambas iniciativas no será fácil, reconoce Escobar, porque aunque el Congreso las apruebe, eso no significa que las leyes se cumplan. El lí­der social reprocha que el decreto 26-2007, Ley de Adjudicación, Venta o Usufructo de Bienes Inmuebles Propiedad del Estado de Guatemala, o de sus Entidades Autónomas, Descentralizadas y de las Municipalidades, con Fines Habitacionales para las Familias Carentes de Vivienda, aún no cuenta con un reglamento para poder funcionar.

Esta ley establece adjudicar y vender los terrenos propiedad del Estado a las familias que los han ocupado antes del 31 de diciembre de 2003 y aunque muchas han sido las peticiones para que el artí­culo 5 de la normativa sea reformado y se cambie el año hasta 2004 y 2005, el pleno no ha logrado discutir las enmiendas.

Escobar aseguró que junto a las enmiendas y la reactivación del decreto 26-2007, también se buscará que las bancadas tengan presente la discusión de leyes relativas a la problemática de inmigración, pues cada vez son más los deportados y esto repercutirá en la necesidad de vivienda, puntualizó.

La ley de legalización de tierras, nombre dado al decreto 26-2007 establece que la unidad de vivienda popular que pertenece al ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda será la responsable llevar a cabo el proceso de legalización de tierras invadidas. Anteriormente le correspondí­a al Ministerio de Finanzas llevar a cabo estas acciones, por lo que en su momento se solicitó información acerca de qué asentamientos están en terrenos del Estado o municipales.

En su momento dicha ley creó controversia porque fue aprobada en mayo, justo cuando se habí­a convocado a elecciones generales. Además, ésta deja en manos de los alcaldes de todo el paí­s la autoridad para decidir, según sus propios registros municipales, sobre la legalización de los terrenos. «Los inmuebles del Estado o las municipalidades que estén siendo ocupados por familias en pobreza podrán ser adjudicados a tí­tulo oneroso a favor de sus integrantes para vivienda», reza el artí­culo primero de la normativa que nueve meses después no empieza a surtir efecto.