Las constituciones deben ser producto de auténticos pactos sociales que reflejen el acuerdo para definir el tipo de Estado en que queremos vivir. La vigente en Guatemala fue producto de un amplio acuerdo entre sectores políticos y grupos de poder para orientar al país por una senda democrática, de legalidad y respeto a los derechos humanos, pero no llegó nunca a ser ese tipo de pacto social que nos pusiera en una misma sintonía y más pronto que tarde empezaron a manosearse sus preceptos para acomodarlos a intereses de poderes siempre ocultos.

Ayer la vicepresidenta Roxana Baldetti habló de las fallas en la forma en que se maneja al Estado que no son sino la consecuencia de un deterioro institucional causado deliberadamente para poner al aparato al servicio de intereses relacionados con la corrupción, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito que alcanza tanto a los políticos como a los empresarios que hacen negocios con ellos a la sombra de la opacidad que caracteriza la gestión pública y contra la que tan poco se hace aunque se diga algo.
 
 Ajustar la forma en que se maneja el Estado para ponerlo al servicio de bien común y del interés general, en el estricto marco de la ley y con pleno respeto a los derechos y plena observancia de las obligaciones, requiere de una reforma profunda que, para ser efectiva, tendría que provenir de un auténtico pacto social. Si entendemos bien el concepto de pacto social, debemos asumir que sería el primero en nuestra historia porque nunca hemos alcanzado un consenso de tal envergadura para definir realmente qué tipo de país queremos y cómo lo vamos a construir.
 
 No sabemos si la Vicepresidenta estaba pensando en algo tan profundo y de dimensiones tan ambiciosas ayer cuando habló de las fallas del sistema, de la forma en que se maneja el poder al servicio de intereses totalmente ajenos al interés y el bien común. Pero asumimos que va en dirección correcta cuando dice que hay que empezar por la reforma política, puesto que sin ella hasta una constituyente tendría el pecado original de surgir de procedimientos electorales manchados por la enorme cola del financiamiento de las campañas que condicionaría, de entrada, a los representantes para que en vez de serlo del pueblo lo sean de quienes les pagaron a ellos y a sus partidos los gastos de proselitismo.
 
 Nuestros partidos y el Congreso, tan relevantes a la hora de reformas profundas, están contaminados con el pecado original del compromiso con financistas.
 Buscar una reforma a fondo requiere liderazgo para convocar la participación firme y decidida de la ciudadanía en el diseño de un nuevo modelo.

Minutero:

Para transformar al país
 hay que atacar lo podrido,
cortándolo de raíz
 para encontrar nuevo sentido