Se discute si Guatemala ha caído ya en la categoría de los Estados Fallidos o si, como piensan la mayoría de expertos, va en rumbo a alcanzar esa dudosa calidad. El caso es que nuestro Estado se muestra incapaz de atender sus obligaciones fundamentales y entre ellas destaca la de garantizar la seguridad y la vida de los habitantes de la República, extremo que se comprueba de manera cotidiana con la exacerbación del tema de la violencia que afecta a gente de todos los estratos sociales. No digamos lo que pasa con otras obligaciones que tendría constitucionalmente en materia de proporcionar salud y educación y menos aún de ofrecer las oportunidades para que cualquiera pueda realizarse como ser humano y atender sus necesidades básicas.
ocmarroq@lahora.com.gt
Pero esa debilidad institucional del Estado no puede considerarse como una casualidad sino que es resultado de la insistente y devastadora prédica para privilegiar al mercado por sobre cualquier otra consideración y para insistir en que todo lo que huele a Estado es malo, corrupto, negativo y pernicioso. La campaña para reducir al Estado ha sido inclemente durante muchas décadas y por ello es que ahora estamos cosechando las tempestades generadas por tantos años de estar sembrando los mismos vientos. La rotunda postura de los guatemaltecos en cuanto a la problemática fiscal es derivada no sólo de nuestros antecedentes históricos, sino fundamentada en la doctrina económica que coloca al mercado como el gran regulador de la vida en sociedad, pasando por alto la anarquía generada por la ausencia de controles institucionales que garanticen la pacífica convivencia.
Con el tiempo, al hacer un análisis de las condiciones que se fueron dando para provocar el descalabro institucional que ahora nos tiene en dramática condición, al punto de que hasta para el elemental combate a la impunidad tenemos que pedir ayuda extranjera, se tendrá que poner atención a esa forma en que los medios de comunicación hicieron eco de una radical doctrina económica que con tal de privilegiar al mercado, predicó el debilitamiento del Estado a niveles generadores de inseguridad, anarquía e incapacidad de cumplir los fines básicos. El punto es que hoy no sólo carecemos de instituciones que puedan garantizar la vida a los habitantes del país, sino que también de instituciones capaces de aplicar la ley con eficiencia para castigar a quienes delinquen en todos los órdenes de la vida.
Cierto es que el crimen organizado sentó reales en el país, pero ello fue facilitado por los dogmáticos planteamientos de quienes no querían tener un Estado eficiente, no digamos un Estado fuerte. De quienes enseñaron y siguen enseñando a nuestra juventud que hay que trabajar en todos los órdenes para debilitar al Estado y sus instituciones, supuestamente para que no interfiera con el mercado, pero con tanta ceguera y obtusa visión que no se dieron cuenta que estaban labrando la estaca en la que al final de cuentas todos estamos siendo sentados. Porque hoy en día no hay nadie a salvo ni inmune a las consecuencias de ese debilitamiento provocado. En nuestro país ni propios ni extraños, nadie está seguro ni puede considerarse parte de una sociedad que vela, sobre todas las cosas, por garantizar la vida y la seguridad de quienes la conforman. Y todos sabemos quienes fueron los sembradores de vientos. Lo único es que no asumen la responsabilidad por las tempestades.