Silvia de León Santos, titular del Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, se excusa de seguir conociendo el proceso en contra de Carlos David de León Argueta, exfiscal general y exjefe del Ministerio Público, argumentando que se duda de su imparcialidad.
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En la audiencia, realizada en el tercer nivel de la Torre de Tribunales, se hicieron presentes las tres personas señaladas por el MP del delito de lavado de dinero, es decir, De León Argueta, René Rodríguez y Hugo Cáceres García. Del ente pesquisidor sólo se hizo presente el agente fiscal Brener Rolando López.
En la diligencia, la juzgadora dijo que por la resolución emitida se está poniendo en duda su honorabilidad y que demostrará quién es, según ella, la persona parcial en el proceso. De acuerdo con De León, ella en ningún momento tuvo algún tipo de comunicación con alguna de las partes, para que fuera señalada de posible tráfico de influencias.
De León Santos fue explicando y desestimando todas las acusaciones hechas en su contra y señaló que en todo momento ella actuó apegada a derecho.
“El Ministerio Público está lanzando acusaciones falsas en mi contra. Si impunidad es resolver conforme lo que hay en la investigación, tienen que sustentar sus acusaciones, porque yo no soy vengadora de nadie, yo soy administradora de justicia y lo que había en la investigación, no me daba indicios para ligarlo a proceso penal” indicó De León Santos.
La jurista concluyó señalando que porque se duda de su imparcialidad para resolver, se retira del caso.
EN DESACUERDO
Ante la decisión de la jueza Sexta, De León Argueta, ex Fiscal General, manifestó su desacuerdo, pues indicó que la acción únicamente significa que está cediendo a las presiones del MP.
LA ACUSACIÓN
De acuerdo con las investigación del MP, la Asociación para el Desarrollo Integral del
Guatemalteco (Asodegua), recibió del Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz) Q50 millones para la construcción del proyecto habitacional Peñaflor, en Siquinalá, Escuintla, mediante dos desembolsos, el primero de Q29 millones y el segundo de Q21 millones.
Fonapaz presenta una denuncia en el MP porque mediante un avalúo realizado por la empresa privada, se determina que hubo una sobrevaloración en el proyecto por Q13 millones 164 mil 235, lo que significa que únicamente se gastaron Q36 millones 835 mil 765 y el dinero restante el, según el MP, se lo apropiaron los sindicados.
De esa cantidad el ente investigador logró determinar que Q9 millones fueron trasladados a la cuenta personal de Domínguez García, quien era representante legal de Asodegua y según la fiscalía, este dinero que le pertenecía al Estado, se distribuyó de la siguiente forma: Q2 millones para el ex fiscal general De León Argueta; Q2 millones para Domínguez García y Q3 millones para Cáceres García.
En la audiencia celebrada el pasado jueves, ante esta acusación la jueza decretó falta de mérito en las investigaciones.
Por su parte el Ministerio Público presentará mañana la apelación a la resolución de De León, al absolver y declarar con falta de mérito los cargos de lavado de dinero a los sindicados, pues argumentan que sí se contaba con los medios de prueba suficientes para ligarlos a proceso.
Al momento del cierre de esta edición las partes aún se encontraban argumentando.