En los últimos 49 años el país cambió de muchas formas, pero la legislación civil de Guatemala apenas se modificó en aspectos que no representaron mejoras sustantivas en el acceso a la justicia. Ha llegado el momento de analizar y proponer cambios profundos, según las autoridades judiciales, para adecuar las leyes al contexto actual y a las necesidades de los guatemaltecos.

Para marzo 2013 se espera tener la propuesta del nuevo código con énfasis en la oralidad

Byron Balán es uno de los cientos de abogados que acuden con frecuencia cada semana a los juzgados civiles ubicados en la Torres de Tribunales para trabajar en los casos de sus clientes, y como la mayoría de sus colegas, se encuentra con un sistema lento y burocrático que parece muy distante a sus necesidades.

El jurista, con más de diez años de experiencia, explica que trabaja en casos relacionados con temas mobiliarios, negocios y procesos relacionados con contratos civiles y mercantiles para los que se establecen plazos, pero el sistema de justicia siempre camina a marcha lenta y pocas veces pueden confiar en que las causas se resolverán a tiempo.

El Código Civil vigente en Guatemala está así desde el gobierno del presidente Enrique Peralta Azurdia, en 1963, y desde entonces las modificaciones realizadas a esa la ley parece que no han sido suficientes para adecuarla a las necesidades actuales de los guatemaltecos; el Código de Comercio entró en vigencia en 1971 y la situación es similar, pues en ambos casos los procesos marchan con lentitud.

Balán dice que, como abogado, considera indispensable que se planteen reformas a las normativas, que a su criterio deberían entenderse como “una transformación que se centre en cómo podrían agilizarse los litigios”.

De acuerdo con el abogado, en la cuestión mercantil y comercial, el tiempo es clave, pues están de por medio el dinero y los intereses económicos de las partes. “Hay cantidades fuertes que pierden los comerciantes debido a los atrasos en los procesos; ambas partes, tanto demandantes y demandados requieren un proceso ágil porque mientras más tardado es el proceso, más grandes resultan las pérdidas”, indica Balán.

Esta situación no pasa inadvertida para las autoridades y por eso el magistrado presidente de la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia, Rogelio Zarceño, señala que desde hace un año y medio se inició la discusión para emitir un nuevo sistema de normativo en el campo civil, haciendo énfasis en que el actual ya no se ajusta a las necesidades sociales y económicas del país.

“No podemos comparar el volumen de trabajo que existía durante los años sesenta, con el que existe hoy. El crecimiento económico en los últimos años ha sido exponencial en Guatemala y tenemos que ir de la mano con el desarrollo del país”, indicó el togado.

De acuerdo con el magistrado, actualmente existe una saturación de demandas y requerimientos de justicia que, con los actuales procedimientos que tiene contemplados el Código Procesal Civil en términos y plazos, es muy difícil poder reaccionar inmediatamente a las necesidades de la población. “Un juicio ejecutivo, cuyos términos y plazos según el derecho deberían ser reducidos, se prolonga hasta cinco años”, ejemplificó.

El Magistrado indicó que actualmente la Cámara Civil trabaja en la identificación de los problemas que están generando los atrasos de los procesos, por lo que se espera que la estructura de un nuevo Código, privilegiando la oralidad de los procesos, esté lista hasta marzo del próximo año.

“La oralización privilegia la democracia, porque con su aplicación se cumpliría con la obligación del Estado de garantizar a los ciudadanos con una justicia pronta y cumplida, porque en las actuales condiciones la demanda exponencial de justicia muy grande”, refirió Zarceño.

SATURACIÓN JUDICIAL

La atención de los medios de comunicación se centra en la actividad de los juzgados penales –que conocen los casos relacionados con la violencia y la criminalidad–, pero eso no significa que el ramo civil se encuentre inactivo.

Por el contrario, la justicia civil recibe un enorme caudal de trabajo que difícilmente puede ser procesado con celeridad, lo que ocasiona un entrampamiento de los casos y la desesperación de los involucrados en las causas.

Según el Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial (Cenadoj) del Organismo Judicial, el año pasado se ingresaron 26 mil 20 casos en los juzgados de lo civil y se registraron 426 mil 107 actuaciones procesales, en su mayoría notificaciones –378 mil 403–.

En total se notificaron 16 mil 366 audiencias, de las cuales se efectuaron 13 mil 402 y se suspendieron 4 mil 318. La vía de la conciliación para la resolución de conflictos solo se utilizó en 139 casos, mientras que otros 2 mil 885 fueron desestimados.
 
De acuerdo con Juan José Hernández, analista sobre cambios estructurales en los procesos judiciales, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (IECCP), una buena cantidad de los casos no avanzan porque todavía se utiliza un sistema escrito, que está hecho para distanciar a las partes.

El analista  explica que en el sistema vigente cada parte involucrada en el proceso prepara un escrito en su oficina y lo remite al juzgado, y “solo en el mejor de los casos el juez lo leerá, y si no el oficial que proyectara un resolución para eso”.  “Con el sistema escrito se corren muchos riesgos, porque la justicia pasa por muchas manos”, advierte.

Hernández refiere que con la oralidad podría resolver los procesos en una hora, o incluso en media hora, a diferencia de un proceso escrito que podría llevar un mes y en ocasiones, hasta años.

De acuerdo con el experto, el juicio ordinario civil se caracteriza por sus procesos largos y tardados; tiene plazos largos para cada etapa y se rige por el principio de instancia de parte, el cual está contemplado en el artículo 33 del Código Procesal Civil, el cual señala que el juez podrá, a instancia de parte, encomendar a un notario la realización de determinados actos, incluso notificaciones y discernimientos, lo que significa que contrario a los procesos penales, que actúan de oficio, en este caso si alguna de las partes no lo solicitan, el proceso no avanza.

LA PROPUESTA

Gabriel Gómez, magistrado integrante de la Cámara Civil, no anticipa qué reformas se plantearán para la legislación, pero señala que se tomará en cuenta un análisis de la realidad nacional. 

Uno de los aspectos a considerar es que más del 75 por ciento de los casos que se conocen en los Juzgados de Paz y de Primera Instancia Civil son procesos de cobro.

Por tal razón, señala que desde el año pasado trabajan en los planteamientos para lograr la agilización de los procesos. “Los tribunales de justicia en materia civil se han convertido en tribunales de cobro, lo que hace que esté saturada la justicia y que otro tipo de procesos que no son de esta materia no puedan caminar con la agilidad debida; la emisión de un nuevo Código lleva la especialización por materias y tener un nuevo proceso de cobro mucho más corto y efectivo”, explica.

El magistrado Gabriel Medrano, también integrante de la Cámara Civil, indica que la tradición ha sido que los procesos civiles y de materia mercantil sean escritos. “Ya es hora de que se dé un cambio sustancial en los  procedimientos civiles, para estar acordes con las modernas teorías procesales inclinadas a la oralidad en los procesos”, señala.

El actual normativo civil y mercantil, entre sus procesos, ya contempla un juicio oral dentro de los juicios; sin embargo, a pesar de la vigencia modalidad, todavía se utiliza el sistema escrito.

De acuerdo con Medrano,  la tendencia doctrinaria de la oralización conlleva la efectividad de todos los principios, como el de inmediatez, donde el juez está cercano a las partes y a las incidencias del juicio y conoce directamente todas la partes procesales y llega a sentencia con un conocimiento mucho más profundo del conflicto jurídico que debe resolver, lo cual implicaría también una celeridad en los procesos.

Medrano insiste en la creación de un nuevo Código Procesal Civil, y a la vez trabajar para obtener la infraestructura adecuada para poder llegar a ese cambio, además de una construcción institucional que contemple la capacitación de todo el personal judicial, lo que atañe específicamente una inversión económica.

Según Hernández, pensar en la oralidad es un mecanismo para acelerar el litigio, pero se necesita también una reorganización de los tribunales y “que cada persona este especializada en una de las funciones, que esté organizada, para que se puedan observar resultados efectivos”.

De acuerdo con el programa de la Cámara Civil, se espera que en el año 2013 se cuente un código terminado y autorizado por la CSJ para poder enviarlo al Congreso de la República.