Tanto en el sector público como en el privado, la corrupción se ha convertido en uno de los principales problemas en Guatemala, y aunque la Ley Penal contra el Enriquecimiento Ilícito les da armas a las entidades encargadas de combatirla, aun se evidencia la necesidad de contar con nuevos métodos de investigación que permitan hacer frente a los muros de impunidad que levantan los grupos de poder y la burocracia.

* Investigador advierte que se enfrentarán a personas con poder
* Esfuerzo debe ser conjunto de las instituciones del Estado
* Ciudadanos estamos llamados a evitar y denunciar la corrupción

Cuando en octubre pasado el otrora presidente del Congreso Eduardo Meyer fue sentenciado a tres años de prisión por el desvío de Q82 millones del Legislativo, analistas y personalidades de diferentes sectores de la sociedad opinaron que la condena mínima del exfuncionario sentaría un precedente y sería una gran presión para que se reformara el Código Penal de Guatemala, a fin de que las condenas contra los funcionarios que realicen actos de corrupción fueran más severas.

De esa cuenta, el 30 de octubre del 2012 será una fecha memorable, pues fue cuando 120 diputados votaron a favor de la aprobación de la Ley Penal contra el Enriquecimiento Ilícito –conocida también como Ley contra la Corrupción–, que entró en vigencia el pasado 30 de noviembre.

Ahora, los fiscales están conscientes que luego de doce años de espera, los guatemaltecos estarán a la expectativa del momento en que la Ley Penal contra el Enriquecimiento Ilícito sea aplicada en las investigaciones y las causas penales que involucren tanto a funcionarios públicos como a particulares.

Sin embargo, Brenner López, investigador de la Fiscalía contra la Corrupción, del Ministerio Público (MP), dice que en estos casos no se pueden tener resultados a corto plazo, porque sus investigaciones requieren procesos previos como la solicitud de antejuicio, el retiro de inmunidad, creatividad investigativa, así como paciencia para luchar contra los recursos legales, y demás obstáculos que los “poderosos interpongan”. “No procesamos a gente común y corriente”, explicó.

“Las personas que aquí investigamos son influyentes, con poder y dinero, con defensas técnicas de avanzados estudios académicos y con experiencia; por ende no podemos permitirnos dejar vacíos en los casos”, acotó.

Además, es necesario tener en cuenta que no todo el trabajo se concentra en el MP, sino también implica la labor de la Contraloría General de Cuentas, la Superintendencia de Bancos, la Intendencia de Verificación Especial (IVE), entre otras instituciones y, en algunos casos, empresas privadas.

Por ejemplo, en el proceso de investigación del caso por supuesta corrupción en la comuna de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, la Fiscalía requirió información a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), para que rinda un informe tributario y de datos sobre la verificación del movimiento financiero y de naturaleza comercial de la entidad municipal, de proveedores y clientes, así como del cumplimiento de las obligaciones tributarias derivadas de sus actividades.

También solicitó verificar el pago de planillas de IVA, a fin corroborar los documentos con los que se justifica el gasto y ordenó que la SAT verifique la existencia física de las entidades comerciales de los sindicados, entre estos el alcalde Adolfo Vivar Marroquín.

Dentro del caso, también requirieron informes al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), a la Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A., entre otras, para conocer lo relativo a ingresos –aporte constitucional, arbitrios, donaciones–, y lo relativo a egresos –pago de planillas, contratistas–.

De acuerdo con López, la aplicación de la Ley contra la Corrupción supondrá un gran reto interinstitucional al momento de investigar y desvelar los complejos entramados de corrupción.

“LOS PODEROSOS”
El procedimiento actual de operación implica que al encontrar indicios de ser afectado el patrimonio del Estado, inicia la investigación por parte de la Fiscalía contra la Corrupción y dentro de ésta son investigados tanto funcionarios como exfuncionarios, empresarios, militares, y empresas.

Según explicó el fiscal López, los que mayor reto representan son los funcionarios que actualmente están en el Gobierno, por la inmunidad de la que gozan: “Primero tenemos que esperar que se les levante el antejuicio y luego dependemos de un juez pesquisidor quien nos da un lugar a causa”.

Por otro lado, el investigador también indicó que los procesos contra miembros del Ejército, señalado de delitos de corrupción, presentan fuertes grados de complejidad, “por ser una de las instituciones más organizadas que existen en Guatemala, al punto que el grado estructural es una barrera que en determinado momento cuesta penetrar”.

Uno de estos, es el proceso por la estafa de Q349 mil 364.34 extraídos del Instituto Adolfo V. Hall. Por este caso es señalado el coronel Jorge Eduardo de la Rosa Girón, sindicado por los delitos de peculado, incumpliendo deberes, uso de documentos falsos y abuso de autoridad.

A la IVE le corresponde, dentro del ámbito administrativo, analizar los reportes de transacciones sospechosas derivadas de cambios en el comportamiento transaccional, sin fundamento económico o legal evidente de un cliente, según información proporcionada por la Oficina de Comunicación de la SIB.

Si como resultado de dicho análisis, la IVE determina indicios de la comisión del delito de lavado de dinero u otros activos y presenta la denuncia al Ministerio Público.

Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2012, la IVE ha presentado ante el ente investigador 131 denuncias y 17 ampliaciones de denuncia por la posible comisión del delito de lavado de dinero.

Al ser consultados sobre los resultados que arroja la supervisión de la SIB del desempeño del sistema financiero del país, ya que según analistas, ese sector suele ser vulnerable ante la corrupción, indicaron que “de conformidad con el artículo 19 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, las personas obligadas deberán adoptar, desarrollar y ejecutar programas, normas, procedimientos y controles internos idóneos para evitar el uso indebido de sus servicios y productos en actividades de lavado de dinero u otros activos”.

Por último refirieron que para que se cumpla con efectividad la Ley Contra la Corrupción, es indispensable que las entidades involucradas en el proceso de su cumplimiento coadyuven en el ámbito de su competencia.

EL COMPORTAMIENTO
Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, dijo que el fenómeno de la corrupción se lleva consigo tanto a empleados públicos, empresarios y entes de diversos sectores de la sociedad, “por lo que todos están expuestos a caer en prácticas corruptas”.

“Todos estamos vulnerables a ese tipo de comportamientos sociales, y por lo tanto el combate tiene que ser integral; hay vericuetos financieros por medio de los cuales se mueve la corrupción”, indicó.

La analista también criticó que el sistema financiero del país “tiene mucha responsabilidad en la corrupción, porque la alienta y se aprovecha, porque la utilizan como herramienta para alcanzar sus intereses y mueve el dinero que compra voluntades, que soborna y corrompe a quienes toman las decisiones en el país”.

Por último explicó que en el sistema financiero, el dinero producto de la corrupción tiene dos usos: uno para corromper a la gente, y otro para crear y mantener nuevos negocios.

“Tiene un uso de ida cuando corrompe a la gente y tiene un uso de vuelta cuando los que recibieron el dinero lo invierten en el sistema financiero, para generar más negocios e ir sacando más dinero”, enfatizó y agregó que “todos sabemos que los pasillos del empresariado y el sistema financiero nacional es por donde camina el dinero sucio de la corrupción y que son los mismos donde caminan los corruptos y corruptores”.

EL SECRETO BANCARIO
Para reforzar aún más los métodos de investigación, la Fiscalía contra la Corrupción pretende agilizar las pesquisas y evitar la fuga de información, por medio de ser autorizados para acceder a información de cuentas bancarias.

“El MP no está facultado para requerir esos datos; allí hay un telón y para entrar requerimos una autorización judicial y en el trámite se pierden días importantes para la investigación”, dice López.

La IVE realiza rastreos por lavado de dinero; en los casos de la Fiscalía Anticorrupción, para tener acceso a los informes de dicha entidad, tienen que hacerlo por medio de un filtro en la Fiscalía contra el Lavado de Dinero.

“Estamos ante un obstáculo porque eso nos retrasa. El próximo reto es que la Fiscalía obtenga la autorización para requerir información directamente a las entidades bancarias, esto por medio de una iniciativa legal”, reiteró.

En enero de este año, el Ejecutivo presentó una iniciativa de Ley para eliminar el secreto bancario. Con esto se pretendía que la SAT pudiera tener acceso a información para corroborar los ingresos reales de los contribuyentes y de esta manera suscribir convenios internacionales para intercambiar información que pudiera facilitar las investigaciones de lavado de dinero.

No obstante, en el Congreso de la República se presentaron seis enmiendas, cuando la iniciativa constaba de dos artículos, por lo que tuvo que regresar a la Comisión legislativa de Economía, para que se realizara un nuevo dictamen.

PREVENIR EL DELITO
De acuerdo con el investigador Antonio Castañeda, de la Fiscalía Anticorrupción, las sentencias ejemplares por delitos de corrupción son también mensajes enviados a quienes delinquen para “demostrar que si procesamos a uno, pueden caer todos”.

“Es un mensaje claro que ha llegado a todos los funcionarios”, indicó y agregó que ahora se ha puesto en evidencia que el poder detrás de un puesto en el Gobierno ya no es garantía de que alguien que se aprovecha de la gestión pública no será puesto ante la justicia, y con la vigencia de la Ley Anticorrupción, eso incluye también a los particulares que incurren en actos de corrupción.

También enfatizó que aunque en los casos de corrupción no existen víctimas “palpables”, al final “somos víctimas todos los ciudadanos”, es decir, que si los recursos no llegan a quienes lo necesitan incide en el aumento de la delincuencia. Por tal motivo, consideró que el flagelo es un tema de Estado.

PERCEPCION DE LA CORRUPCIÓN
De acuerdo con el índice de percepción de la corrupción elaborado por Transparencia Internacional, Guatemala tiene el segundo puntaje más bajo dentro de los 18 países de la región latinoamericana.

El Índice Democrático de América Latina (IDD-LAT), elaborado por la Fundación Konrad Adenauer, en relación a esto señala que pese a que Guatemala siempre se ha mantenido en los últimos lugares en este índice, “ahora es más grave porque no hay una política constante en materia de transparencia”.