La que podría ser la última batalla para llevar a juicio al general guatemalteco Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio, apenas ha comenzado.

Aunque no hay pruebas definitivas dentro del proceso judicial, ni una orden directa del entonces dictador para los comandos que aplicaban las estrategias contrainsurgentes, que mataron a miles de civiles guatemaltecos durante la fase más sangrienta de la guerra, las familias de los muertos siguen esperando justicia.

En ausencia de evidencias directas del juicio, que inició el pasado martes 19 de marzo, la fiscalía, el querellante adhesivo y los abogados de las víctimas esperan demostrar y recrear cuidadosamente la cadena de mando militar que tenía a la cabeza al general Ríos Montt, para probar que éste sabía de las masacres que los soldados realizaron en las montañas de Guatemala contra indígenas mayas ixiles, porque él tuvo un poder absoluto durante su gobierno militar apoyado por Estados Unidos.

Tanto los fiscales como los abogados de las víctimas alegan que su incapacidad de detener las atrocidades es prueba de su responsabilidad.

Los sobrevivientes y familiares de las víctimas han esperado durante 30 años que se aplique la justicia y haya castigo para Ríos Montt, ahora de 86 años, quien es el primer hombre fuerte latinoamericano en ser llevado al banquillo de los acusados para enfrentar un juicio por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad.

Para muchos guatemaltecos de ambos lados de la guerra y observadores internacionales, el juicio podría ser un punto de inflexión en la nación centroamericana, que aún lucha con el trauma de un conflicto en el que fueron asesinadas y desaparecidas unas 200 mil personas.

«Ha pasado tanto tiempo y no hemos recibido justicia. Lo que quiero es que se lo lleven encarcelado. No es venganza, es justicia» dice Antonio Caba un sobreviviente de una masacre en el área Ixil y quién rendirá su testimonio en el debate contra el General Efraín Ríos Montt. Caba tenía 11 años cuando el Ejército llegó a su aldea en 1982, asesinando a 95 personas, entre ellas su hermana de dos meses de edad y su abuela, quienes murieron por desnutrición y el frío cuando fueron desplazados.

«Yo le pregunto: ¿Qué tipo de arma llevaban los niños, las mujeres y las ancianas que masacró su ejército? Lo único que queremos es justicia», agrega Caba.

Ríos Montt llegó al poder el 23 de marzo de 1982 a través de un golpe de Estado contra el también general Romeo Lucas García. Un Estatuto Fundamental de Gobierno fechado el 25 de marzo de ese año y firmado por Ríos Montt como presidente de la junta militar, legitimó su gobierno, que funcionó hasta el 8 de agosto de 1983.

La fiscalía sostiene que mientras estuvo en el poder, Ríos Montt estuvo al tanto de lo que sucedía, por lo que también es responsable de las masacres de sus subordinados. Ellos asesinaron a por lo menos mil 771 indígenas mayas de la etnia Ixil que vivían en lo que se conoce como el Triángulo Ixil, conformado por las comunidades de San Juan Cotzal, San Gaspar Chajul y Santa María Nebaj, en el departamento occidental de Quiché.

Las ofensivas militares fueron parte de una brutal y larga guerra contrainsurgente del ejército de Guatemala contra la guerrilla izquierdista, que dejó miles de masacrados, personas torturadas, violaciones y miles de desplazados en el corazón del territorio maya, donde la guerrilla estaba presente.

La fiscalía y los abogados de las víctimas han construido un caso que se guarda en miles de folios ordenados en expedientes verdes. Allí están los documentos militares, testimonios de víctimas, documentos desclasificados de la CIA, peritajes civiles y militares, así como pruebas balísticas y forenses con la identificación de más de 800 osamentas, en su mayoría de mujeres y niños.

«En contra del general Ríos Montt hay una enorme cantidad de evidencias. Obviamente, en el mundo no hay ni un solo caso donde un genocida haya autorizado ni la muerte, ni la tortura de nadie. Ni el mismo Adolfo Hitler lo hizo», dijo Edgar Pérez abogado de las víctimas.

El abogado de Ríos Montt, Francisco Palomo, rechaza la responsabilidad que se le imputa a su defendido.

«Las evidencias demuestran que sí sucedieron hechos graves, por supuesto. El tema aquí es quién es el responsable de esos hechos. Le consideramos inocente. En las audiencias no hubo ni un solo hecho que lo sindicara a él directamente», agregó.

Junto a Ríos Montt también están siendo procesados José Rodríguez Sánchez, quien fuera jefe de la Segunda Sección del Estado Mayor General del Ejército y jefe de la Segunda Sección del Estado Mayor de la Defensa Nacional; Héctor Mario López Fuentes, entonces ministro de Defensa; y Luis Enrique Mendoza exviceministro de Defensa y prófugo de la justicia.

Durante las audiencias previas al juicio, Ríos Montt llegó puntual y habló pocas veces. Siempre lució impecable, ataviado de traje completo y con los zapatos bien lustrados, como aprenden los militares en su paso por la institución castrense. Su rostro arrugado y sus canas reflejan los de un hombre de 86 años. Al hablar, lo hace de frente y con voz enérgica.

Con la excepción del momento en el que rechazó el genocidio, el militar limitó sus respuestas a decir que «lo que diga lo pueden usar» en su contra. Hasta hoy guarda arresto domiciliario.

A donde quiera que va lo acompañan su abogado Luis Marroquín, sus dos nietos y dos guardaespaldas, incluso hasta el baño.

La evidencia más importante dentro del caso son tres planes militares contrainsurgentes, conocidos como Victoria 82, Firmeza 83 y Operación Sofía, un reporte que explica las acciones realizadas en dicha operación y que liga al ejército con las masacres. Los planes militares estaban clasificados como «secretos», pero fueron filtrados a los abogados de las víctimas y luego entregados bajo orden judicial al juez que conoció el caso.

El Plan de Campaña Victoria 82, que creó la Fuerza de Tarea Gumarcaj integrada por fusileros, paracaidistas, ingenieros de combate y de construcción, iba dirigida a operar en el Triángulo ixil. Según el plan, todas las fuerzas de tareas debían reportar a través del Centro de Operaciones las acciones y resultados al jefe del Estado Mayor General del Ejército, parte de la cúpula militar junto a Ríos Montt, así como lo muestra el documento «Operación Sofía».

Peritos militares que testificarán a favor de las víctimas, describirán la cadena de mando con la meta de aclarar la responsabilidad del jefe del Estado Mayor General del Ejército, Ríos Montt. «En tal condición podría haber corregido, modificado o detenido los efectos reales que la aplicación de sus órdenes por sus subordinados estaba produciendo en la población civil no combatiente, desarmada e indefensa», dijo la fiscalía.

El plan de campaña Firmeza 83 describe el adoctrinamiento a las de las Patrullas de Autodefensa Civil, integrado por civiles armados por militares que fueron acusados de participar en cientos de asesinatos junto al ejército. La misión de estas patrullas la describió así el Plan Victoria 82: «aniquilar, capturar y hostigar al enemigo».

La Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) realizó más de 60 peritajes para la identificación de unas 800 osamentas que serán evidencia en el caso.

José Suasnávar, director ejecutivo de la FAFG, dice que a través de los peritajes forenses se logró establecer los patrones de los asesinatos.

«Hicimos un peritaje de patrones de todas esas masacres, donde se logró establecer la edad de las víctimas, el sexo, entre otros. Como resultado supimos que una gran mayoría eran niños y mujeres, que la causa de muerte fue violenta… Hay una gran indefensión de las víctimas. Hay casos donde hubo masacres, ejecuciones y muertes de personas que se dieron por la huida, por hipotermia, por hambre», dijo Suasnávar.

Según la acusación contra Ríos Montt, los mayas ixiles fueron catalogados como enemigo interno porque los militares creían que apoyaban a la guerrilla.

El Anexo «C» del Plan de Campaña Victoria 82 fechado el 16 de junio de 1982 alude así a los ixiles: «Las grandes masas de indígenas del altiplano de la nación han encontrado eco en las proclamas de la subversión por ser sus banderas la escasez de tierra, la inmensa pobreza. Ven al ejército como un enemigo invasor».

«Aunado a esto una buena cantidad de errores cometidos por las tropas tales como vandalismo, violaciones, robos y destrucción de cosechas, los cuales han sido explotados hábilmente por la subversión nacional e internacional», agrega.

El documento Operación Sofía contiene órdenes directas del coacusado López Fuentes, dijo Kate Doyle, analista de documentos desclasificados del Archivo Nacional de Seguridad, una ONG en Estados Unidos. Ella es directora del Proyecto Guatemala, al cual una fuente anónima le entregó el documento en marzo de 2009.

El archivo incluye también mapas y croquis de los lugares de operaciones, comunicaciones internas del comandante de la operación a los comandantes en el campo, instrucciones a las patrullas, mensajes dogmáticos a favor del ejército, informes periódicos de operaciones escritos a mano, informes de inteligencia, así como los nombres de militares que participaron en los lugares de las operaciones.

El tercer plan de campaña, Firmeza 83, describe el adoctrinamiento de las Patrullas de Autodefensa Civil, integradas por civiles armados por militares que fueron acusadas de participar en cientos de asesinatos junto al ejército.

Los fiscales guatemaltecos han tenido éxito usando evidencia indirecta contra miembros y ex miembros del ejército también acusados de ejecuciones extrajudiciales, asesinatos y masacres.

Tres oficiales fueron condenados en 1998 por la muerte del obispo católico Juan José Gerardi. Aunque no se probó que hayan sido los autores directos, en el tribunal se probó que sí estuvieron en el sitio del crimen. Los fiscales demostraron que los asesinos estaban conectados directamente con altos mandos militares y que seguían una cadena de mando.

«Hay personas que planifican, que organizan, que ejecutan» dijo Nery Rodenas, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala.