A partir del asesinato de Francisco Javier Arana y especialmente tras la investidura de Jacobo Árbenz como Presidente de la República, Guatemala ha vivido una profunda polarización ideológica que se agudizó en 1954 con la intervención norteamericana en apoyo al llamado Ejército de Liberación y luego llegó a extremos durante la guerra interna que nos costó tanta sangre y tanto dolor durante más de cuatro décadas. El sábado se cumplen 16 años de la Firma de la Paz que puso fin al conflicto, pero al acercarnos a esa fecha lo que más se destaca es que hemos vuelto a niveles de confrontación que parecían superados.

La Firma de la Paz supuso el cese al fuego y fue posible tras varios acuerdos que nos comprometían a trabajar para superar las causas del conflicto armado interno. Algunos sostienen que todo lo que ha ocurrido en Guatemala, desde antes de 1954 a nuestros días, es simplemente producto de la Guerra Fría, de la confrontación Este-Oeste que se trasladó a territorio nuestro donde se libró una de las más duras batallas de esa dura realidad geopolítica, pero no se pueden ignorar las causas derivadas de las condiciones existentes en la sociedad nuestra, tan dada a la marginación y la injusticia.
 
 El caso es que tras las acciones emprendidas por víctimas de la guerra para reclamar no sólo resarcimiento sino justicia, han aflorado nuevamente radicalismos que se exacerbaron tras los sucesos en Totonicapán, cuando una patrulla militar disparó contra los manifestantes, haciéndose evidente que estamos muy lejos de la mentada reconciliación nacional que era uno de los objetivos fundamentales de la Firma de la Paz.
 El gran dilema que subsiste es si la reconciliación tiene que ser producto de un borrón y cuenta nueva, que pase por alto cualquier hecho cometido durante el conflicto, independientemente de su gravedad, o si para que haya reconciliación tiene que haber no sólo esclarecimiento histórico de los hechos sino también que cada una de las partes asuma responsabilidad por aquellos hechos que puedan tipificarse como delitos de lesa humanidad. El debate sobre si hubo o no hubo genocidio en Guatemala, dadas las masacres contra pueblos enteros de indígenas, está sobre el tapete y forma parte de ese necesario esclarecimiento de los hechos.
 
 Personalmente creo que el perdón y el olvido necesitan del ejercicio de la justicia para que funcione como auténtica catarsis. Creo que el marco de la reconciliación, determinado ya por ley, es amplio, pero no se puede aplicar a crímenes de lesa humanidad cometidos por cualquiera de las partes en el conflicto. No creo que la búsqueda de justicia tenga que ser parcial para cargarse la mano únicamente al Ejército, pero hay que entender que por muy variadas razones hay una marcada diferencia cuantitativa en los excesos de la guerra y eso tiene por supuesto consecuencias.
 
 Hoy en día nuevamente vemos que se reviven expresiones del más radical anticomunismo, formas de comportamiento que recuerdan los días más funestos del macartismo que tanto daño hizo no únicamente a los Estados Unidos sino al mundo entero por la polarización que despertó tan funestas pasiones. Y por el otro lado, la elección de un militar como Presidente de la República también ha despertado en los grupos de izquierda sentimientos y expresiones que nos devuelven a las condiciones que se vivían cuando efectivamente en el Estado había una política de violación sistemática y persistente de los derechos humanos para responder así a la agresión comunista contra el sistema.
 
 Viendo eso y reparando en lo mucho que aún está pendiente de los Acuerdos de Paz para resolver problemas que fueron condiciones generadoras de conflicto en el país, pienso que esta conmemoración más que de festejo tiene que ser de reflexión para asumir compromisos que nos permitan a todos ser constructores de la verdadera paz.