La agrupación de transportistas extraurbanos de los 22 departamentos manifestaron en las afueras del Congreso en contra del nuevo reglamento de transporte, ya que les obliga a colocar sistemas prepago y GPS en los buses, lo cual elevaría el costo del pasaje a los usuarios que viven en el interior del país.
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Trabajadores y dueños de buses extraurbanos se hicieron presentes hoy afuera del Congreso para manifestarse en contra del nuevo reglamento para el transporte, establecido mediante un acuerdo gubernativo en el 2012.
Los transportistas inconformes señalan que en el nuevo reglamente se les está violando sus derechos constitucionales de igualdad, pues ellos no cuentan con los recursos suficientes para implementar las nuevas herramientas tecnológicas que se les exigen.
El abogado de la agrupación de transportistas, Carlos Antonio Pop, explicó que esto es debido a que no cuentan con los fondos necesarios, como los buses urbanos con la ayuda del subsidio, además que el pasaje en el interior es más caro y que con se verían ver afectadas las personas de escasos recursos, porque el costo del pasaje ya no sería accesible para ellos, expresó.
El abogado dijo que es por esta razón que interpusieron la acción de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad (CC), ya que se les está violando el Artículo 3 de la Constitución que se refiere a la igualdad, y asegura que no se pueden implementar las mismas reglas con el transporte urbano y el extraurbano, puesto que los usuarios y sus recursos económicos son diferentes, señala.
Los transportistas extraurbanos, negaron estar buscando que se les dé un subsidio e indicaron que lo único que pretenden es que se elimine ese reglamento.
El abogado agregó que el reglamento tampoco se adecúa a la Ley de Transporte que data desde 1946.
Con el reglamento, el Ejecutivo trata de brindar seguridad a los usuarios del transporte extraurbano a través de GPS y tener una mejor ubicación de los buses, así como el sistema prepago, para evitar que el piloto del autobús maneje grandes sumas de dinero.
Los transportistas aseguran que no están de acuerdo con dicha propuesta de seguridad, que para eso se deberían aplicar por medio de políticas públicas que refuercen la protección a los guatemaltecos, argumentaron.