Luego de que el pasado fin de semana 55 personas perecieran en uno de los peores busazos registrados en la historia guatemalteca, se ha evidenciado que el sistema de transporte en el país no sólo se encuentra en un estado defectuoso, sino que prácticamente es una sentencia de muerte para los miles de usuarios que requieren de este servicio.
Ya sea sufrir un asalto a mano armada o un aparatoso accidente, lo cierto es que los guatemaltecos deben de abordar los buses, con la esperanza de poder bajarse de ellos al llegar a su destino.
Ya sea que en mano de criminales o delincuentes, o sea en mano de pilotos y dueños de buses, en cualquier momento podría ocurrir otra tragedia, como las que se han registrado en la vuelta «El Chilero», en la ruta a El Salvador, o a diario en los buses urbanos de la ciudad Capital.
Pero lo malo no es solamente el saldo trágico de vidas humanas que se pierden, por el descuido e irresponsabilidad de pilotos, dueños y empresarios del transporte urbano y extraurbano, sino también la impunidad con que la mayoría de estos, que se han visto involucrados en estos hechos, salen libres o no enfrentan a la justicia valiéndose de argumentos como «ese bus ya no es mío» o «ese bus lo vendí hace seis meses», al igual que la fuga del lugar del percance de la mayoría de pilotos, cuando logran sobrevivir al accidente.