En general, el tránsito en Guatemala es un foco de inseguridad constante debido a la ausencia de educación vial de los automovilistas y de control de parte de las autoridades que simplemente han encontrado en los gorgoritos un juguete para pasar el tiempo sin atacar los problemas de fondo. Y dentro de los riesgos que hay en el transporte colectivo, elevadísimos de por sí, el del transporte escolar es patético porque reúne toda una gama de condiciones que no sirven sino para convertirlo en una bomba de tiempo.

Hace pocas semanas un autobús que transportaba niños del Colegio El Roble se accidentó en la ruta de la colonia Vista Hermosa con saldo de algunos niños golpeados. Como en la mayoría de casos, se trata de unidades antiguas, de las que son desechadas por las escuelas y colegios de Estados Unidos por viejas, que son importadas para prestar servicio aquí sin que nadie se ocupe de revisar su condición. Supuestamente hay una supervisión municipal para ver el estado físico de las camionetas, sus llantas, frenos y sistema de dirección, pero prácticamente todas carecen de cinturones de seguridad y, lo más grave, muchos de los colegios han “tercerizado” el transporte para quitarse la responsabilidad civil que pudiera derivarse de posibles percances.
 
 Es absolutamente urgente que se establezcan normas estrictas para proteger la vida y la seguridad de los alumnos de los establecimientos educativos del país que ofrecen a los padres de familia el “servicio” de transporte. Se trata de un negocio muy fuerte el que hacen porque las cuotas por el servicio de bus son generalmente muy elevadas y la necesidad obliga a los padres de familia a aceptar las condiciones que imponen los colegios, pero en este caso tiene que haber una normativa estricta para evitar que se use chatarra como medio de transporte y para que los colegios se aparten de la responsabilidad que tienen.
 
 Creemos que tiene que haber una norma que establezca que las responsabilidades civiles son mancomunadas entre las empresas de transporte contratadas y el colegio contratante, además de que se establezca la existencia de seguros en todos los casos para cubrir los posibles daños que puedan ocasionarse a pasajeros o a terceras personas.
 
 Pero más allá de los posibles resarcimientos por daños, es importante que se prevenga, que mediante una normativa más exigente que la actual, se vele por las buenas condiciones de las unidades que se destinan al transporte escolar. La Municipalidad no ha podido cumplir con la exigencia, acaso porque buena parte del problema es multijurisdiccional, pero el Ministerio de Educación tiene facultades y competencia para velar por mayor eficiencia y seguridad en el sistema.

Minutero:
La corrupción no son pamplinas 
cuando hablamos de medicinas; 
es un asunto muy feo 
que llega a ser megahueveo