Nunca antes gobierno alguno había enfrentado una situación tan compleja como la actualmente se está padeciendo a escala mundial: el petróleo súper-especulado y la producción de granos básicos distorsionada en extremo. A la inseguridad creciente, ahora se suman las demandas de los pilotos y propietarios del transporte colectivo. ¿Puede esta amenaza convertirse en una oportunidad? Estimo que sí.
La aplicación del subsidio al transporte colectivo ha cumplido poco más de 30 años. Lo otorgado, sin tomar en cuenta el descalabro de los Q 600 millones de la administración edil de Berger (1996-2000), suma un poco más de los Q 1,300 millones.
La planificación no ha sido en realidad el fuerte de las administraciones municipales en los últimos 23 años. La administración del municipio de Guatemala NO es la excepción. De hecho la forma de abordar el flujo vehicular ha sido parche sobre parche y en el mejor de los casos soluciones parciales. Esa ha sido la característica de quienes han gobernado este municipio en el lapso apuntado.
Ahora la crisis internacional del petróleo viene a desnudar la ausencia de una adecuada planificación en materia del transporte colectivo. Si bien el «Transmetro» ha hecho su debut, he sostenido con anterioridad y ahora repito, que éste llegó por lo menos con unos quince años de atraso. Solucionó parcialmente una parte del problema, pero como contrapartida creó otros y los sigue provocando.
Pero volvamos a la interrogante. A mi juicio existen dos grandes momentos y tres ámbitos a considerar en este complejo problema. En el primero lo relativo a acciones en lo inmediato y mediano plazo; en lo segundo, definir el transporte colectivo en intramunicipal, el intermunicipal y el de distancias mayores.
En el corto plazo y en aplicación a lo contenido en el artículo 120 constitucional se debe propiciar por parte del gobierno central una intervención de las empresas que prestan este servicio público. Para ello se ha de preparar el contingente humano y los recursos materiales necesarios que puedan emprender satisfactoriamente esta intervención, cuyos resultados, como mínimo deben ser: 1. determinación de los costes reales de operación. 2. Búsqueda de una delimitación de rutas. 3. Creación de un aparato sistémico que combine la totalidad de las unidades actuales. 4. Desarrollar esta medida durante un lapso máximo de noventa días. Y 5. Preparar al personal municipal que habrá de hacerse cargo de este servicio público.
En adición a lo anterior y en relación con las definiciones territoriales del transporte colectivo arriba apuntadas. Para el primero de los ámbitos es necesario que: 1 Replantear el trazo de las rutas y sus distancias. 2 Crear un sistema de transbordos. 3 Preferentemente hay que optar como medio de pago mecanismos que no incluyan efectivo. 4 Espaciar las paradas y disciplinar a pilotos y usuarios para hacer eficiente esta definición de puntos de abordaje y egreso de los buses. 5 Ser estrictos en la aplicación de horarios.
Además de las anteriores, para el caso del transporte colectivo intermunicipal en el ámbito territorial metropolitano y áreas conurbadas, se debe promover por la vía de la mancomunidad de municipios la creación de una Empresa Municipal del Transporte Colectivo. Una sola autoridad municipal para por lo menos los ocho municipios que mantienen adyacencia con el de Guatemala.
La amenaza que el barril del petróleo a fin de año esté rozando los US$ 200 es latente. Lo anteriormente expuesto quizás no se refleje en un bajo valor fijo del transporte colectivo, pero sin lugar a dudas esas y otras aplicaciones podrían rendir otro tipo de beneficios a los usuarios y de paso corregir de fondo un inveterado e irresuelto problema. La amenaza sí puede constituirse en una oportunidad.