En el país las organizaciones serias de monitoreo y fiscalización al sector político electoral no existen y si a las pocas que se autonombran para el efecto nadie les analiza y fiscaliza, se convierten en un paraíso de recursos provenientes de organizaciones y personas de buena fe del extranjero, que les permiten a estos grupos y a quienes viven y dirigen este tipo de actividades, pasarla tranquilos, de parranda, muy bien remunerados y sin resultados.
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Durante este proceso eleccionario, Acción Ciudadana publicó -a todo color en la prensa y en el Internet- cuatro «Ranking de Transparencia en el Financiamiento de Campañas Electorales 2007», están bien diagramados, adecuadamente impresos y por supuesto onerosamente pautados, pero el contenido de fondo es precario.
En la primera publicación, la primera gráfica califica a los diferentes partidos políticos con buenas o malas notas, en base a haber informado al Tribunal Supremo Electoral sobre sus finanzas electorales; en la segunda gráfica, califican la presentación al TSE del informe patrimonial de apertura de los partidos; la tercera gráfica se refiere al contador general; la cuarta gráfica el haber establecido cuentas bancarias para gastos de campaña; la quinta, a la presentación legal del informe de presupuestos de ingresos y egresos; la sexta, la rendición de cuentas de campaña electoral; y, la séptima gráfica es un resumen relacionado al control, fiscalización y transparencia de forma desagregada. Todo en barras, adicionalmente concluyen su ranking con unas breves conclusiones.
El segundo y tercer ranking son una repetición de los indicadores en barras ya mencionados, el cuarto ranking adiciona un cuadro, indicando en columnas que los partidos políticos cumplieron con informar la identidad de los donantes privados, otro cuadro grafica en barras la integración de cuentas por pagar. En otras palabras, muchas barritas, muchos colorcitos, un enorme gasto de impresión y pauta pero poca, poca información adecuada y concreta.
En los cuatro ranking, lo que más destaca es la carátula (título y arte) y la contra carátula que sólo dicen: «Acción Ciudadana es una organización de la sociedad civil, no partidista, no lucrativa», que Manfredo Marroquín es su director ejecutivo, quienes son sus coordinadores de programa de transparencia y de elaboración del ranking. Según las tarifas de por medio, de página a todo color, sólo estas dos páginas tienen un costo de alrededor de Q25 mil cada una, gasto e información innecesaria, tampoco transparentan quién las paga, lo que sí evidencia es ineficiencia y despilfarro de recursos. ¿Qué dirán los financistas de Acción Ciudadana?
Lo publicado en éstas y otras informaciones es la prueba que Manfredo Marroquín y amigos astutamente viven del sistema de transparencia y no lo aplican, que los únicos que al final obtienen un resultado y un beneficio son ellos.
Sus informes o ranking, si los comparamos con los del TSE que concretamente han señalado quiénes son los donantes de recursos, los montos que en dinero o en especie declaran haber sido recibidos por los partidos políticos, son innecesarios y caros.
Distinto sería si en aras de la eficiencia y transparencia, se gastaran estos recursos en señalar aspectos concretos e importantes de lo que se persigue al obligar a los partidos políticos a respetar un techo de inversión en la campaña y a informar de dónde provienen los recursos privados que invierten en medios, movilizaciones, vallas, afiches, transporte y fiscales.