Es un hecho que el Gobierno logró superar el obstáculo que históricamente ha significado la oposición del CACIF a los temas fiscales, pero si bien ello le permite avanzar con sus planes de cohesión e inversión social, es importante entender que a partir de ahora se vendrá un escrutinio profundo de las cuentas públicas, especialmente de las que tengan que ver con los programas que dirige la esposa del presidente Colom y, por lo tanto, el Gobierno tendría que tener un especial esmero en alentar la transparencia.
El sistema administrativo en la República de Guatemala es poco confiable y deja demasiadas puertas abiertas que pueden ser aprovechadas casi por cualquiera para sacar provecho personal. Pero también existe una amplia posibilidad de que se investigue la forma en que se manejan los fondos públicos y que a través de la prensa, se puedan ir conociendo muchos casos de corrupción, con el agregado de que muchos de esos señalamientos públicos no tienen que ser probados y una vez hechos de conocimiento público la gente los convierte en una especie de verdad irrefutable.
Por ello es que hemos insistido mucho en que Guatemala requiere muchas revoluciones, pero una de las más importantes es la que apunte a garantizar transparencia en el manejo de los fondos públicos porque ello permitirá que se puedan requerir más impuestos para financiar la inversión en desarrollo humano. El más sólido argumento en contra de los tributos en el país está en que el dinero generalmente es mal utilizado y que sirve para la corrupción en vez de la inversión en lo que la gente necesita. Eliminar ese argumento es el punto de partida de una auténtica reforma fiscal que nos coloque a la altura del resto de países del mundo en cuanto a las contribuciones que los ciudadanos debemos hacer para sufragar la inversión pública en temas como seguridad, educación, salud y vivienda que pueden y deben considerarse como piedra angular de la transformación del país.
Históricamente no hay país del mundo que haya alcanzado desarrollo sin impuestos porque los mismos son los que permiten ofrecer a todos los habitantes igualdad de oportunidades. Aquí la corrupción es el argumento más socorrido para justificar el rechazo al pago de impuestos y urge que un gobierno revierta ese círculo vicioso mediante el establecimiento de sistemas confiables en lo administrativo y además auditables tanto por los mecanismos ordinarios de control como por la misma vigilancia ciudadana. El reto de este gobierno se vuelve mayor porque al articular alianzas políticas que pasaron por alto al empresariado organizado y buena parte de la prensa, se puso en la mira y la factura será onerosa.