Ayer escribí que a mi juicio es importante empezar a debatir junto al gabinete social del Gobierno, las formas en que se pretenden hacer sostenibles los programas sociales de la actual administración, y creo que la forma más importante de esa sostenibilidad es hacerlo ciento por ciento transparentes.

La publicidad de los listados de los beneficiarios es vital para darle sustento a la necesaria transparencia que deben tener todos los programas financiados con el dinero de los guatemaltecos, con el afán que las autoridades y los ciudadanos tengan la certeza que los elegidos son las personas más necesitadas y no las electoralmente importantes como fue hace cuatro años.

Además, la publicidad de los listados debe permitir una efectiva fiscalización para verificar que la ayuda sí está llegando y que, también, los beneficiarios están cumpliendo con sus obligaciones, mismas que deben seguir al pie de la letra, porque se deben educar los niños a pesar de las dificultades del sistema, con el afán de incrementar las oportunidades futuras de nuestra juventud.

Creo conveniente de una vez abordar el tema de lo que representará, en materia de seguridad, hacer públicos los listados, porque hace cuatro años, dentro del millón de excusas que dieron para justificar vergonzosos e ilegales manejos de los programas, nos decían que si daban los listados, los beneficiarios serían sujeto de extorsiones.

En este ingrato país, los extorsionadores no necesitan de esos listados para hacer de las suyas y atemorizar a la población, pero vale la pena tomar medidas que no excluyan a la transparencia y que no sirvan de excusas para apañar malos manejos. Creería conveniente que en Internet, se suban los listados con el nombre del beneficiario, localidad y el código dentro del programa.

Pero deben ser listados ordenados, no encriptados como los daban hace cuatro años, de gran tamaño lo que los hacía lentos invitando que uno se diera por vencido. Aquí en La Hora publicamos un trabajo periodístico luego que logramos liberar la información, notar las deficiencias, además de encontrar nombres duplicados.
Y para quien quiera ahondar más, que cumpla con los requisitos que manda la Ley de Acceso a la Información, para asegurarse a quién se le entrega la información e intentar minimizar el uso criminal de los listados. Los mismos deberían contener todos los datos de los beneficiarios, tal y como el que le deberían de proporcionar a las autoridades para la fiscalización.

A mi juicio, este gobierno debe ser sumamente cuidadoso para no repetir los errores de la administración anterior, porque de lo contrario enfrentará la misma oposición y crítica y creo que es el momento propicio, para que sin desgaste, las autoridades tomen las decisiones que nos den garantía de plena voluntad hacía la transparencia.

Y así como el listado de los beneficiarios, lo mismo debe ocurrir con el personal de los programas, que hace cuatro años fueron los promotores de campo de la campaña de la señora ex de Colom. Se crearon células de falso apoyo a los beneficiarios, que trabajaron arduamente en la campaña, que se vio reflejada en las diputaciones y en los votos que recibió luego Manuel Baldizón.

Lo mismo debe ocurrir con el listado de los contratitas que proveen al Estado de bienes y servicios para los programas porque ello dará certeza y evitará que, como hace cuatro años,  la pobreza vaya a servir para que muchos hagan sus millones.

De la ciudadanía depende que el Presidente cumpla lo dicho en febrero del año pasado, es decir, que los programas continúen luego de su gobierno, haciendo indispensable para ello, como punto de partida, una mano dura a favor de la transparencia.