Es por todos conocido que el Gobierno se encuentra atravesando una crisis de liquidez, el vigente presupuesto del Estado es imposible de cumplir, las cuentas públicas son de papel, no tienen respaldo económico para materializar lo presupuestado. La crisis ya no solo se refleja en la ausencia de creación de infraestructura, estamos viendo cómo el Gobierno ya no es capaz de pagar siquiera las cuentas de mantenimiento del Estado, maestros por contrato que no han recibido salario desde hace dos meses, hospitales sin medicamentos, la red vial olvidada y sirviendo de diario calvario a quienes se tienen que aventurar en ella.
Como si lo anterior no fuese suficiente, es público el afán del Gobierno para realizar transferencias presupuestarias, restando recursos y capacidad a aquellos servicios por los que clama la población, como la seguridad y la salud, actos que se antojan como las últimas muestras de que este Gobierno se ha dedicado a priorizar los programas que le representan un rédito publicitario y los esfuerzos gubernamentales pasan emitir deuda o por anunciar reformas tributarias que pretenden cobrar más a los que producen y ya tributan. En este escenario se inicia la discusión sobre el nuevo presupuesto del Estado, Q51,000,000.00, Q55,000,000.00, cifras fáciles de decir pero difíciles de digerir que se nos anuncian eso sí como de «tiempos de solidaridad», pero entendida esta solidaridad como la que comparten los condenados a enfrentar un escenario difícil en donde quien maneja el erario público olvido que no es posible ni sensato gastar más de lo que se ingresa y que cualquier otra fórmula no hará más que incrementar los números rojos, la deuda de nuestros hijos y comprometer al país de cara al futuro.
En una situación mundial de crisis económica como la que atravesamos, en la que vemos que los países del primer mundo restringen sus gastos y presupuestos, resulta incongruente la política gubernamental de incrementar los presupuestos del Estado, año con año y menos lógico aún, el observar que no existen políticas claras y determinadas para fortalecer las instituciones públicas como los Ministerios y dependencias estatales existentes, privilegiando por encima de estas a secretarías, fondos o entidades que pueden ser manejadas con trasfondos políticos, que crean dependencia de la población hacia programas que incentivan la mendicidad y exponen la imagen de Estado benefactor por encima del enseñar a procurarse un futuro mediante un oficio o la creación de oportunidades de desarrollar las aptitudes de las personas.
Necesitamos un Gobierno responsable que actúe con madurez en la situación mundial de crisis descrita, consecuente con nuestra capacidad de generación de riqueza interna y posibilidad de gasto, el cual maneje con cautela y prudencia las arcas nacionales, que identifique que tenemos que manejar reglas claras pero sobre todo iguales para todos. Que comprenda que el fortalecimiento de las instituciones existentes dignifica el accionar del Gobierno y que por el contrario, el realizar constantes transferencias hacia programas cuestionados no hace más que desprestigiar, si aún es posible, más, la imagen gubernamental.