Mientras el ministro de Finanzas, Pavel Centeno, justifica las transferencias presupuestarias de las instituciones de Estado realizadas por el Gobierno, expertos observan “anomalías” detrás de estas estrategias financieras, que en el caso de la cartera de Comunicaciones “reúne más interés político”.

El presupuesto de cada año puede modificarse a través de las transferencias presupuestarias que la administración gubernamental decida realizar, acorde a las necesidades que considere prioritarias de solventar ante cualquier cambio en las condiciones económicas y sociales que se presenten en el contexto nacional y que también pueden estar determinadas por fenómenos internacionales y hasta ambientales.

Al respecto, Pavel Centeno, ministro de Finanzas Públicas, afirma que “todos los presupuestos siempre son insuficientes”, y que por ello hay instituciones, de acuerdo con los planes y programas de gobierno que necesitan más recursos y “aunque uno quisiera, no se le pueden asignar”.

En ese sentido, las transferencias presupuestarias se determinan cuando hay entidades que no van a ejecutar todo el presupuesto asignado y para esto se procede a realizar transferencias interinstitucionales, es decir, de una entidad a otra, para que los Ministerios que sí van ejecutar todo su presupuesto y que “tienen grandes necesidades lo puedan hacer”.

No obstante, esta estrategia financiera, aunque resulta necesaria en algunos casos, también puede ser empleada de forma incorrecta, en detrimento de las necesidades reales del país según expertos.

EL PROBLEMA ES ABUSAR
Jonathan Menkos, director Ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), señaló que habría que reconocer que las transferencias son parte de los propios presupuestos y que permiten dar algún margen de maniobra, sobre todo “en un presupuesto como el guatemalteco, tan limitado en términos de manejo”.

“El problema de las transferencias no es su existencia”, dijo el experto, “sino el abuso en su utilización”, pues debido a que los presupuestos que llegan al Congreso para su aprobación no son los mismos que terminan ejecutándose, por medio de transferencias “el rostro de un presupuesto puede cambiar de una manera muy significativa”.

Una de las ventajas que el Director del Icefi observa en el presupuesto para 2013, es que las normas agregan por primera vez, a criterio del experto, que muchos de los programas de política pública vinculan montos y metas.

Las transferencias hacen que varíen las metas, pero los ciudadanos no lo saben reconocer, resalta Menkos, pero a partir de 2013 se podrá estimar que si por ejemplo se restan recursos a programas de inmunización, se estará dejando de vacunar a cierto número de niños.

“Este tipo de situaciones no debería ocurrir” afirma Carlos Martínez, del área socioeconómica del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac) porque “cada institución debería de saber qué capacidad de ejecución tiene y se supone que con base a eso está definido su presupuesto”.

Por lo tanto, a criterio de Martínez, “no deja de ser anómalo que de una institución se trasladen fondos hacia otra”, pero eso depende del diseño de presupuesto, porque hay casos en que los decretos presupuestarios prohíben las transferencias, argumentó.

La lógica consiste en trasladar fondos de una institución que no tiene capacidad de ejecución a otra que sí la tiene, que es lo que ocurrió en el gobierno de Álvaro Colom, cuando se trasladaban recursos del Ministerio de Gobernación al Consejo de Cohesión Social, afirmó el economista, que estaba asociado a escasa capacidad de este último.

Para Martínez, las transferencias presupuestarias son “deficiencias de planificación” y en algunos casos se producen porque en el proceso de presupuesto “sin ningún criterio técnico le recortan a una institución y le dan más a otra, dependiendo del margen de negociación que tenga cada institución”. Las transferencias “deberían estar realmente prohibidas y deberían estar reguladas solamente para casos especiales”, agregó.

RECTIFICAN Y CORRIGEN
Las transferencias, dice Centeno, “son parte de la potestad que le da el Congreso de la República al Ejecutivo durante un ejercicio fiscal”. El Ministro de Finanzas enfatiza que “las transferencias de por sí no son malas, porque ayudan a rectificar y mantener el orden sobre el plan de gobierno”, no obstante, “cuando las transferencias son excesivas sí habría problema, porque quiere decir que nunca hubo planificación”, aseguró.

Una de las ventajas que el Jefe del Tesoro destaca es que a pesar de que el presupuesto vigente no lo confeccionó la administración actual y se reconoce que se incidió el año pasado en adecuaciones para las carteras de Agricultura, Defensa y Gobernación, “hemos realizado mucho menos transferencias de las que se han hecho en otros ejercicios fiscales donde el Gobierno hace su presupuesto y lo transforma”. Como ejemplo Centeno cita el año 2009, cuando se hicieron unas 4 mil transferencias intrainstitucionales –dentro ministerios y secretarías–, además de otras mil interinstitucionales.

Actualmente, las transferencias se han limitado no solo porque el decreto de presupuesto vigente así lo determina, sino porque “nosotros no queremos que se estén haciendo transferencias todo el tiempo”, acotó el responsable de las fianzas estatales. “Son necesarias, son positivas cuando rectifican y mejoran programas o cuando fortalecen otras entidades donde sí se puede ejecutar y se requiere”, señaló.

Para este año, el funcionario comenta que “no hemos hecho más de dos o tres transferencias por institución cada mes” y que por ello no se podría estar por encima de las 200 transferencias en total.

SON NECESARIAS, PERO…
Las transferencias “vienen a desfigurar el presupuesto inicial”, acotó Marvin Flores, de Acción Ciudadana, quien explicó que el plan de trabajo de un gobierno se refleja de mejor manera en el presupuesto. “Es donde realmente se identifican las prioridades y objetivos de cualquier gobierno más allá del discurso”, enfatizó.

Al comparar el presupuesto aprobado con el ejecutado “uno observa que hay mucha diferencia”. Al inicio se puede observar privilegio a Educación pero al final, con las transferencias, dijo, “posiblemente la prioridad pudo estar en infraestructura vial”.

Esa figura es un mecanismo legal y necesario que se hace más evidente cuando existen emergencias por desastres naturales, pero cuando los ajustes se hacen en un periodo normal cuando no hay mayores necesidades “reflejan desconfiguración del presupuesto inicial y de los programas y planes de gobierno”.

“No se puede prescindir de ellas porque hay necesidades que surgen en el proceso, porque por más que se tenga una buena planificación presupuestaria, a veces hay necesidades que surgen, que escapan o que son nuevas”, comentó el activista; sin embargo, considera que no es correcto el abuso de la figura. “Esa es la clave, por lo que debería haber un porcentaje o cantidad máxima que pueda transferirse”, sostuvo Flores.

El experto en transparencia también comentó que en ocasiones las transferencias presupuestarias, además de cambiar prioridades del gasto, “muchas veces se hacen con el ánimo de cumplir con compromisos incluso con financistas de campaña”, pues “en muchos casos son para pagar favores políticos”.

EL BOTÍN EN EL CIV
Durante los últimos cuatro años, las transferencias de una institución a otra han favorecido, entre otros, al Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV) y restado recursos a la cartera de Gobernación, situación que Martínez analiza en cuanto que el CIV “reúne más interés político” porque está asociado a obras públicas que hacen visible a todo gobierno y “hay mucho interés de empresas contratistas que financian también las campañas electorales”. El CIV, a criterio del experto, “siempre ha sido una especie de botín político por toda la obra que allí se concentra”.

Asimismo, Menkos explica que para el caso de Comunicaciones, “en el Icefi observamos con cierta preocupación cómo se están aprobando recursos que probablemente iban para desarrollo social que terminan ejecutándose más bien en obra gris”.

Por el hecho de haberle restado recursos a Gobernación, antes y ahora, el directivo del Icefi agregó que “es probable que el Ministerio no esté planificando de tal forma que pueda ejecutar todos los recursos” y puede haber otras carteras con requerimiento de gasto que obliguen hacer transferencias. Sin embargo, “hay muy pocas explicaciones en torno a por qué se reducen recursos que podrían darle mayor éxito al pacto por la seguridad y la justicia”, donde la cartera de Seguridad Interior juega un rol clave.

Menkos recomienda que las transferencias sean públicas para los ciudadanos, pues aunque al día de hoy se puede acceder a esa información, “hay que ser muy buen conocedor del SICOIN”. Se debe reconocer que son herramientas del presupuesto pero necesitan tener como contraparte la idea muy clara de qué objetivos se están afectando en la política pública. Por lo que “no hay por qué satanizarlas, pero su utilización abusiva sí puede dar como resultado un presupuesto que no tiene nada que ver con las intenciones del presupuesto aprobado”.

La transparencia es importante, pues “la gente debe saber por qué es más importante trasladar dinero al Ministerio de Comunicaciones desde el Ministerio de Salud si esos recursos harán que se vacunen menos niños”, citó el experto a manera de ejemplo.