Las leyes bancarias que regí­an se encontraban obsoletas, se carecí­a de seguro alguno a favor de los depositantes, ahorrantes o cuentahabientes, lo que prácticamente obligaba a dejar en la calle a miles de miles de depositantes del sector privado y público o que el Estado erogara los recursos y devolviera lo que los banqueros habí­an mal utilizado con la pretensión que a través de las juntas interventoras y ante todo a través del Organismo Judicial se recuperaran expeditamente buena parte de esos recursos.

 

Los montos que se invirtieron entre los tres bancos intervenidos sumaron no menos de Q2,000 millones. A ello debí­a de agregársele la muy precaria situación del Banco del Ejército y el Banco del Nororiente. En esa etapa el presidente de la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos propusieron que era más adecuada, menos costosa y menos traumatizante la absorción a través del Crédito Hipotecario Nacional, de estos dos bancos. Ello permití­a evitar la intervención, el proceso judicial y el shock para el público depositante. A la larga y a la corta, ahorraba recursos aunque no significaba evitar costos económicos y polí­ticos. La propuesta se aceptó.

 

La siguiente medida fue actualizar las leyes bancarias y crear el Fondo de Protección al Ahorrante que, como bien lo señala César Garcí­a, al aceptarse que los bancos no fueran los principales contribuyentes a dicho fondo, conllevó que nuevamente el Estado fuera quien complementara los recursos a través del préstamo que se obtuvo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Esos fondos, adicionados por Bonos del Tesoro, fueron los que se utilizaron el 20 de octubre de 2006 al suspenderse las operaciones del Banco del Café, entidad que nuevamente por manejos improcedentes de sus directivos y accionistas, donde predominaba la familia de Eduardo González, produjeron una nueva apropiación que también fue seguida del Banco de Comercio, a los pocos meses.

 

Cuál es la receta, la fórmula para que en nuestro paí­s no se repita la tragedia y la impunidad que han producido los banqueros, los principales dueños y directivos de los bancos privados que no saben respetar, garantizar y responder a la confianza que se les habí­a otorgado. La respuesta hay que buscarla.

 

En todo caso, si se suman los millones de millones que perdió el Banco Empresarial, los bancos Promotor y Metropolitano, lo que costó la fusión de los bancos del Ejército y del Nororiente y se adicionan los que perdió el Banco del Café y el Banco de Comercio, los montos y cantidades que el Estado aportó suman más de Q6,000 millones más intereses.

 

Qué se ha hecho para recobrar, para hacer pagar a los responsables sus inmorales acciones. Qué bueno serí­a que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y los medios de comunicación se abocaran al asunto, que los columnistas serios e independientes cuestionaran por qué no se les persigue a estas élites y deducir así­ la tragedia e impunidad.