La oposición de varios sectores y personas a la tipificación del tráfico de influencias nos permite sacar conclusiones claras. La primera es que el Presidente, todo su equipo de gobierno y sus “gloriosos diputados” se oponen a la tipificación aunque en campaña Pérez Molina nos haya dicho que apoyaba la iniciativa y todo lo que tuviera que ver con transparencia.

Otto Pérez, al ver que le estaba sucediendo lo mismo que le pasó a Colom hace cuatro años, es decir que no le hacían caso sus diputados, los encerró para pedirles que cerraran filas. Por tanto, al poner a Pedro Muadi a declarar el día jueves, luego que ya habían recibido órdenes expresas que los diputados debían seguir las directrices ejecutivas, nos deja claro que es el mismo Presidente quien se opone a través de su bancada. No lo culpo, si yo hubiera fraguado el negocio del puerto en la misma forma en que lo hicieron él y su Gobierno en mancuerna con el Interventor, pendejo sería de estar a favor de una disposición que me puede hacer inquilino del sistema penitenciario.

Pero uno se espera eso y más de los políticos. Al fin y al cabo, hacen campaña basados en mentiras, en promesas falsas y vendiéndole el alma al diabólico sistema de financiamiento. Pero lo que es inconcebible es la forma en que grupitos de la sociedad y algunos medios de comunicación, han salido a oponerse al tráfico de influencias argumentando que los “honrados” pueden ser perseguidos por ese delito de forma política y por tanto injusta.

Esas opiniones contrastan con el comunicado de ayer de Acción Ciudadana, el cual de forma clara y categórica, evidencia la necesidad que la ley pase como está dictaminada sin modificación alguna. ¿Qué parte del “sofisticado” lenguaje del artículo no entenderán los opositores? ¿O es que lo entienden tan bien, que sabiendo que trafican o desean traficar influencias no quieren labrar su propia estaca?

¿De verdad serán tan ilusos los opositores de creer que en el negocio del puerto se llevó a cabo una negociación clara y transparente? Alguien en la campaña amarró ese trato, ya sea por financiamiento en ese momento o por una tajada bien grande al momento de hacerse el negocio. ¿Además de otras ilegalidades, no es tráfico de influencias el haber logrado designar a un Interventor buscado con lupa para manejar el negocio, haber logrado que se emitiera un normativo especial para regularlo  y que, de ajuste, el Presidente lo defienda? Con una buena investigación y con las herramientas legales, se podría llegar al fondo.

El artículo en discordia habla de quienes INFLUYAN en un funcionario o empleado público PREVALIÉNDOSE PARA ELLO DE SU JERARQUÍA, POSICIÓN, AMISTAD O CUALQUIER OTRO VÍNCULO PERSONAL, para obtener UN BENEFICIO, CONTRATO, CONVENIO, RESOLUCIÓN O DICTAMEN. Los guatemaltecos que quieren andar haciendo bien las cosas encuentran en este artículo consuelo y una luz de esperanza de que algo cambie. El torcido, al que le gusta andar por la sombra, pasar de incógnito y navegar de ajuste con bandera de honrado, le aterra esta disposición porque son parte del juego; punto y final.

Si fueran válidos los argumentos esgrimidos, ya no manejemos de noche porque la Policía nos puede implantar drogas o armas en una jornada que nos hagan un alto y entonces los honrados pueden ser injustamente acusados; como dijo un conocido al que le asusta el tráfico de influencias: “no se necesita condena para fregarte, con que te abran un proceso ya te pueden hacer mucho daño”.

En gustos se rompen géneros, porque a mí me causaría orgullo que me abran un proceso porque estoy luchando porque se declare lesivo el negocio del puerto, porque me parece ilegal La Riviera, porque creo que los celulares tienen una salida que depende de voluntad, porque estoy harto de la violencia y la corrupción del sector público y privado y porque quisiera cambiar un sistema fallido y podrido, haciendo todo lo que esté a mi alcance y buscando los consensos que sean necesarios para esos fines.