Muchos de estos infantes trabajan más de 47 horas a la semana, siete horas más de lo marca la Constitución para personas adultas. Del 100 por ciento de niños y niñas trabajadores, el 12.9 por ciento realiza trabajo por abolir, por considerarse dañino a la niñez y de alto riesgo. De esta cuenta muchos niños y niñas mueren fabricando cuetes, picando piedra o intoxicados por pesticidas y fertilizantes.

La mayorí­a de niñez trabajadora está situada en el suroccidente del paí­s, le sigue en su orden la región noroccidente y la metropolitana.

Esta información, así­ como otros datos más precisos y alarmantes, es de conocimiento público, o al menos tienen noción de ella funcionarios de Gobierno y polí­ticos. Pese a eso, lejos de disminuir, las cifras aumentan cada año y por ende la pobreza y la exclusión también. Por eso me pregunto, ¿por qué se sigue permitiendo la venta de cuetes, de brócoli y se autoriza a las mineras a continuar su trabajo, cuando  niños y niñas quienes lo desarrollan,  dejan de estudiar, se enferman y mueren? ¿Por qué no se crean programas agresivos para rescatar a la niñez trabajadora?

Si bien es cierto que los programas sociales de esta administración están encaminados a apoyar a las familias para que las y los infantes estudien, es necesario que vigilen de cerca a quienes a sabiendas de los riesgos que implica contratan niños y niñas, explotándolos con exageradas horas de trabajo y sueldos miserables.

Es importante que las empresas se comprometan socialmente a ayudar a las y los infantes a través de programas de responsabilidad social, como lo hace Telefónica por ejemplo, por medio de los cuales, se ayuda a las familias con ví­veres y útiles y las escuelas en la construcción de aulas. Pero, además, es necesaria la vigilancia constante del Gobierno para que las leyes existentes se cumplan y así­ se respeten los derechos de los niños y niñas, en los hogares, en las fábricas, fincas y empresas.