Pocas cosas debilitan tanto la soberanía nacional como el régimen de impunidad que ha servido para atraer al país expresiones de crimen organizado que debilitan las instituciones. La Hora ha sido históricamente un medio comprometido con la soberanía del país y célebres fueron sus luchas en temas como Belice, el río Usumacinta y el lago de Gí¼ija, en los que se puso en evidencia ese compromiso absoluto con la defensa de nuestra soberanía.
Cuando se planteó la solicitud que hizo el Estado de Guatemala a la Organización de Naciones Unidas para conformar la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, La Hora jugó un papel determinante para evitar el manotazo que en el Congreso de la República se dio a la CICIG con un dictamen desfavorable que pretendía sepultar la lucha contra ese flagelo que ha debilitado hasta hacerlas casi inútiles a las instituciones. No hay contradicción entre nuestra devoción por la soberanía y el apoyo y total compromiso con la Comisión Internacional porque es obvio que los guatemaltecos no podemos librar solos la lucha contra el crimen organizado y lo demuestra la forma en que cierran filas los implicados cuando se trata de dar los primeros pasos para iniciar la depuración. No son únicamente los malos policías, fiscales, jueces y abogados los que reaccionan, sino también políticos y comunicadores sociales cuyos vínculos los hacen tomar partido en este momento crítico.
La expresión del doctor Castresana, en el sentido de que si los guatemaltecos no queremos librar la lucha contra la impunidad ellos se terminarían retirando del país para dejarnos a nosotros con el problema nos debe obligar a entender que lamentablemente, por mucho celo que tengamos en materia de evitar intromisiones extranjeras en nuestros asuntos, en este campo solos no podemos dado el nivel de penetración que hay en las instituciones.
La soberanía del país es irrelevante cuando Guatemala no puede ejercer autoridad en grandes extensiones del territorio porque el crimen organizado se adueñó de esas regiones y cuando la administración de justicia es imposible porque los operadores están al servicio de la impunidad. Un país soberano es, por definición, el que es capaz de aplicar sus leyes sin ningún obstáculo en todo el territorio nacional y eso, obviamente, no ocurre en el nuestro. Por ello es que la mejor defensa de nuestra soberanía es la lucha contra la impunidad alentada ya no sólo por oscuros personajes, sino hasta por los más altos magistrados del país.
Pero si nosotros no podemos solos, tampoco la CICIG podrá avanzar si no cuenta con el apoyo de la sociedad y es urgente que en eso mostremos todos un total compromiso.