En Estados Unidos el poder de las instituciones financieras es enorme, pero no tanto como para obligar al Estado a protegerlas con leyes como la del delito de pánico financiero, que es una mordaza que se impone al ciudadano para no abordar los temas relacionados con ese influyente sector. Tanto es así­ que el Banco de América se ha visto forzado a retroceder en medidas adoptadas recientemente para cobrar a sus clientes nuevas tarifas por servicios que antes prestaba en forma gratuita, porque un impresionante movimiento basado sobre todo en las redes sociales, advirtió que se producirí­a un retiro masivo de cuentas cuando llegaran a ser 300 mil los inconformes comprometidos con la acción.

En Guatemala se entabló proceso penal contra una persona que usó su cuenta en alguna de las redes sociales para hacer una propuesta similar en el marco del caso Rosenberg. En otras palabras, el paí­s que es la cuna misma del poder económico de las instituciones financieras, donde los banqueros hacen micos y pericos y lograron eliminar cualquier regulación para operar a su sabor y antojo, generando la mayor crisis económica del mundo, nada pueden hacer frente a la absoluta garantí­a de la libertad de expresión que constituye un derecho sagrado y respetado.

La decisión del Bank Of America de suspender el cobro que habí­a anunciado para sus usuarios es en realidad un hecho de enorme trascendencia porque demuestra que al final de cuentas las entidades financieras dependen de la confianza y el respaldo de sus clientes, algo que se tienen que ganar y que pueden perder fácilmente si no saben cómo honrar la actitud de aquellos que les depositan literalmente sus haberes.

En teorí­a no debiera haber actividad humana más dependiente de la honradez y la confianza que la del banquero, puesto que se trata del encargado de velar por el cuidado del dinero de miles de personas que les depositan sus muchos o pocos ahorros precisamente por tener la confianza de que esos capitales están en buenas manos. Y la confianza real no se gana con decretos que prohí­ben hablar mal o criticar a una institución, sino que se mantiene porque el usuario se da cuenta del manejo responsable, de los beneficios que recibe a cambio de entregar su fortuna a una determinada entidad financiera que la usa para realizar el negocio del financiamiento y que, por lo tanto, tiene que operar con la cautela de quien administra bienes ajenos.

Evidentemente a falta de regulaciones para asegurar que el sistema financiero opere dentro de marcos de respeto al interés de los clientes, de cuya confianza dependen los bancos para crecer y aumentar sus operaciones, el papel que  puede jugar la libre comunicación entre los clientes de una entidad se convierte en algo fundamental.

Y cuando uno habla del peligro de acciones terroristas que puedan comprometer la estabilidad financiera, aspecto que persigue en teorí­a la legislación sobre el pánico financiero, hay que pensar también en el otro terrorismo, el que imponen algunas instituciones contra sus deudores a quienes persiguen en forma criminal por medio de empresas que se esmeran en hacer la vida imposible a los deudores, dañando su vida y su reputación sin el menor respeto a los derechos inherentes al ser humano. Al diablo la presunción de inocencia, el debido proceso y las garantí­as constitucionales, porque las empresas de cobro se pasan todo por el arco del triunfo para atosigar al deudor hasta hacerle la vida literalmente imposible sin recato y sin rubor, lo cual constituye otra cara de terrorismo que no se cuestiona ni critica porque lo alienta y promueve un sistema que perdió por completo el balance.