Me alegró mucho enterarme el pasado lunes que la CICIG se haya puesto las pilas para interponer cuanto antes el recurso de apelación al fallo del 9 de mayo 2011, por el cual el expresidente Portillo y sus exministros Eduardo Arévalo Lacs y Manuel Maza Castellanos increí­blemente salieron absueltos de haber “desviado” Q120 millones provenientes de fondos públicos. Pero hasta ahí­ llegó mi satisfacción, puesto que los ciudadanos seguimos con enormes dudas si en verdad “no se presentaron suficientes y valederas pruebas” durante el referido proceso.

Por eso digo hasta ahí­, porque al igual que la gran mayorí­a, sigo con la duda de si las hubo o no. Para explicarme mejor, seguimos sin entender ¿Cómo fue que la jueza que presidió el tribunal dijo una cosa y las otras dos juezas se atrevieron a decir lo contrario? Y le pregunto ahora a usted estimado lector, ¿quedó satisfecho con la información que le dieron después de dictada la referida sentencia en primera instancia?, ¿o será que su opinión vale tan poco que no le queda otra que contentarse con lo que asegure un juez, el abogado defensor o los mismos encartados, aún sabiendo que “nadie habla mal de su rancho aunque se esté quemando”?
   
A mi manera de ver las cosas, las dudas y la ignorancia son madres de la desconfianza y consecuentemente es la falta de credibilidad que existe en nuestro medio sobre el sistema judicial, no digamos sobre el democrático. En nuestro paí­s ninguna autoridad aclara nada. Todo se dice a medias. Cada quien habla solo lo que le conviene y hasta cí­nicamente se sonrí­en para que el pueblo, en donde radica la soberaní­a y por ende merece respeto, piense lo que mejor le plazca.
   
Por ello, insisto en decir que todos tenemos el sobrado derecho a saber la verdad de todo lo que acontece, no que se ha venido volviendo norma de comunicación decir hoy una cosa y mañana contradecirse y en cuanto a  las promesas, “si te vi no me acuerdo”. En otras palabras, el modus operandi del presidente, vicepresidente, ministros, jueces, diputados y hasta de los porteros de los edificios públicos es no decir la verdad. ¿Cuántas  veces no hemos llegado a una oficina pública a requerir información, en uso del derecho constitucional que nos asiste de ser informados y le salen con una y mil excusas, trabas e impedimentos para negarle de cualquier ocurrente manera el mismo?
   
Por ello insisto en sugerirle a la CICIG, al Ministerio Público o a quien  corresponda que informen a la población con lujo de detalles los fundamentos de la apelación por el fallo emitido en el caso Portillo y sus ministros, caso contrario, seguirán conservando la imagen pública  forjada desde hace rato, de ser inútiles e incapaces para hacer valer y cumplir las leyes del paí­s.  ¿Será eso bueno y constructivo para la justicia?