No hay quien en Guatemala no se queje porque la Policía no sirve para nada, que el servicio que prestan los hospitales sea pésimo o que cualquier gestión, aún la más sencilla, sea lenta y hasta tortuosa. Recientemente leí en un matutino que las autoridades aduaneras entre México y Guatemala habían dispuesto ampliar su horario para evitar las largas filas que hacen los contenedores. Luego dije para mis adentros, iluso yo que pensé que estaban abiertas las 24 horas, incluyendo fines de semana, feriados y descansos, porque para cualquier ciudadano con dos dedos de frente, las aduanas representan dinero contante y sonante para el Estado, aún más, cuando nuestros funcionarios se la pasan chillando porque no tienen lo necesario para solucionar tantos problemas y carencias.
En cuanto a los servicios de salud acaba de salir a luz la causa fundamental del porqué las cosas no van a mejorar, de seguir teniendo contratadas desde hace más de 10 años a un montón de administraciones, las que a su vez, subcontratan cientos de organizaciones no gubernamentales (ONG) sin tener una eficaz supervisión y fiscalización, a pesar que su objetivo es atender bien a casi 5 millones de habitantes. ¿Se da cuenta estimado lector el tamaño de la ineficiencia gubernamental en este campo, a pesar que eroga casi Q300 millones anualmente?
Otro caso que demuestra la ineficiencia del Gobierno actual es la remodelación de la cárcel de Fraijanes II, inaugurada pomposamente sin haber sido terminada, también hecha por otra organización no gubernamental y peor todavía, cuando en iguales condiciones el Ministerio de Gobernación sigue haciendo trabajos en las cárceles de Pavón y Santa Teresa. ¿Qué buenos resultados podemos esperar de la actual administración cuando hace obra pública sin la supervisión directa y eficaz? Lo citado no es cuestión de hechos aislados o esporádicos, es cosa de todos los días.
La chambonería entonces tiene rato de ser el denominador común de lo poco que hace el Estado y sus entidades descentralizadas y para colmo, se nos vino encima la erupción del volcán de Pacaya y la tormenta tropical Agatha y sus consecuencias, lo que hizo obligatoria la inversión de cuantiosas sumas de quetzales, por lo que en concordancia con lo dicho, ahora más que nunca es indispensable velar para no seguir en las mismas, sin hacer los trabajos y contrataciones con absoluta transparencia, sin cumplir con las leyes que las rigen y sobre todo, dejando de lado que su funcionamiento y calidad sean óptimos. El presidente Colom tiene razón: «no es tiempo para politiquería barata». Entonces, que la fiscalización de las obras de reconstrucción se haga en las áreas afectadas, como en todo su proceso, sin dejar ni un solo eslabón descubierto para satisfacción del pueblo que suficiente ha estado sufriendo hasta la fecha.